A través de su nuevo abogado, Jorge Acosta Cisneros, el alcalde de Quito Jorge Yunda presentó este martes 8 de junio un pedido de consulta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre su remoción, que fue resuelta por el Consejo Metropolitano el pasado 3 de junio.

El Alcalde tenía tres días para presentar la consulta con la que busca parar el proceso de censura en su contra, que contó con el voto afirmativo de 14 de los 21 concejales. Su objetivo es que el TCE invalide su remoción y él siga como la principal autoridad municipal.

Entre los argumentos, Yunda señala que no se cumplió el debido proceso. Por ejemplo, dice que el Concejo Metropolitano está compuesto por 21 concejales más el Alcalde, es decir 22 autoridades. Y que cuando el vicealcalde Santiago Guarderas se principalizó en la presidencia del Consejo no llamó a su suplente para que integrara el organismo. Esto, según el abogado Acosta, hace que el fallo sea anulado porque se necesitaban 15 votos para removerlo y no 14.

Otro argumento es que Paulina Izurieta, concejal alterna de Mario Granda, se principalizó sin que este último lo solicitara de forma escrita. Y la razón es que Granda ingresó a una Unidad de Cuidados Intensivos el 31 de mayo pasado, afectado por el COVID-19, sin delegar el cargo.

El abogado del Alcalde dice que Izurieta fue convocada a la sesión de remoción “arrogándose funciones y representaciones un asesor del despacho, esto, fue conocido, aceptado y tramitado por quien presidió la sesión, es decir el Vicealcalde y los señores Concejales, se acomodó esta situación para tratar de “completar” el número de integrantes sin importar la transgresión de normas de Derecho Público”.

Incluso, el defensor de Yunda señala que esta situación configuraría un presunto fraude procesal y adelantó que se informará a la Fiscalía “para que abra la investigación correspondiente”.

El tercer argumento, es que el Consejo sesionó sin un secretario titular. “Únicamente ha actuado en todo este expediente la abogada Damaris Priscila Ortiz Pasuy, encargada de dicha Secretaría, cuando, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización exige que sea el Secretario Titular”, dice el escrito del abogado.

Por estas razones, el titular de la Alcaldía solicita que se declare que su proceso de remoción no cumplió con el debido proceso. El Tribunal tiene ahora 10 días para pronunciarse sobre esta consulta.