Un estruendo, gritos, y luego, una nube de polvo que quedó en el aire durante varias horas. Así terminaron las vidas de Carlos Cando, Luis Pupiales, Luis Mucmal y Dago Guaspud el pasado lunes, cuando la pared que apuntalaban en un barrio del Comité del Pueblo, cayó sobre ellos sin darles la posibilidad de escapar.

Seis horas tomó la remoción de cuerpos de los cuatro albañiles, y muchas más el análisis del accidente, a cargo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad de Quito. El resultado: el siniestro era totalmente previsible.

Así lo explicó César Díaz, titular de la entidad. “Los propietarios sí tenían permisos de construcción, pero el muro que estaba adosado no. Era un muro antiguo, solo de piedra. Los dueños realizaron un desbanque de la tierra que lo sostenía y este colapsó. Se produjo un efecto dominó y cayó sobre el otro que tenía un avance de obra bastante alto”.

No es la primera vez que sucede. Las construcciones ilegales en la capital son cosa de todos los días. Según la dirección de Resolución de la Agencia Metropolitana de Control, solo el año pasado emitieron 390 sanciones a propietarios de edificaciones que se construían sin contar con aprobación, planos o la supervisión de arquitectos o ingenieros.

“Trabajamos por medio de un cronograma. Se envía a un técnico a hacer la inspección, luego se inicia un acto administrativo sancionador, y en un promedio de diez días se llama al propietario a que presente pruebas de su defensa, y tenemos un plazo máximo de treinta días para resolver. En caso de que se encuentre una infracción, se cobra una multa por medio de las administraciones zonales o de coactiva”, explicó Christian Llerena, director del departamento.

Veinte inspectores son los encargados de controlar las obras que se realizan en la urbe. Quito cuenta con más 900.000 inmuebles registrados y un estimado incierto de predios no regularizados.

La dirección señaló que las inspecciones se llevan a cabo a través de un calendario y cuentan también con inspecciones emergentes que responden a denuncias ciudadanas ingresadas a través de la página de la entidad.

En 2020, se registraron 832 denuncias, la mayoría de ellas en las parroquias Eugenio Espejo, Calderón y Eloy Alfaro. El año pasado también se reportó una veintena de daños estructurales en viviendas, principalmente en las zonas del centro y las parroquias La Delicia y Eloy Alfaro.

En lo que va del año se han reportado ocho incidentes de caídas de muros en inmuebles.

No todos, sin embargo, podrían responder a fallas estructurales. Así lo explicó el capitán Carlos Moncayo, jefe de la Unidad de Rescate del Cuerpo de Bomberos.

“Este tipo de situaciones no solo responden a fallas en la construcción, sino también a lluvias, deslaves y otras afectaciones climáticas. Quizás hay factores que influyan, pero se deben analizar todas las posibilidades”, dijo.

Sin embargo, un informe elaborado por la Cámara de la Construcción de Pichincha establece que el 60 % de las edificaciones de la ciudad se hacen de manera irregular.

El dato lo reitera Leopoldo Ocampo, presidente del gremio. “Es cada vez más común que no se cuenten con protocolos de seguridad, permisos, ni profesionales. No se refuerza la importancia de temas como un estudio de suelo, que habría evitado la tragedia en La Bota. Convergen temas como la falta de conocimiento, controles insuficientes y el ahorro, que termina siendo nefasto”.

Para este, los controles que se realizan en la urbe son insuficientes. “Esperan a que ocurra una desgracia para aceptar que hay problemas en las construcciones de Quito, y que se necesita una intervención urgente”, subrayó molesto.

Este agregó que, el año pasado, antes del inicio de la emergencia sanitaria, la Cámara de la Construcción presentó una propuesta de revisión de infraestructura en los barrios más propensos a construcciones ilegales, pero que el informe no obtuvo respuesta.

Este consistía en revisiones de inmuebles y recomendaciones de mejoras para evitar mayores daños, con fondos del Cabildo.

“La propuesta era, nosotros hacer el análisis y a través de la asistencia municipal, ayudar a las personas a reparar los problemas estructurales de sus casas”, dijo.

Este año se fortalecerán los controles e inspecciones en zonas como El Comité del Pueblo, Carapungo, Calderón, Guamaní y La Ecuatoriana con el fin de evitar la proliferación de edificaciones sin los permisos adecuados.

Mientras tanto, en La Bota, Yolanda Jaime, propietaria del inmueble donde fallecieron los albañiles, espera que el Cabildo elabore un informe técnico del accidente, y que los vecinos sean sancionados. “Nosotros pagamos impuestos y teníamos permisos para apuntalar el muro. El accidente nunca debió ocurrir, pero no se verificó que esa casa tuviera los permisos, como los sacamos nosotros”, estableció.

Así también lo esperan las viudas de los fallecidos, entre ellas María Luisa Mugmal. “ Él me prometió que pronto tendría reunida la plata para terminar de construir nuestra casita, por eso estaba trabajando”, dijo. Ahora, la mujer se queda con una deuda de 6.000 dólares y con el sueño roto de vivir con su pareja y tres hijos en una casa propia.

Costos versus permisos

Un problema recurrente que impulsa las construcciones sin permisos legales son los altos costos que representa a los propietarios seguir las normas para edificar.

“El problema es que hay una desconexión entre las ordenanzas aprobadas y las realidades económicas de las familias de Quito”, explicó el consultor Tomás Merino.

Este indicó que en 2019 se aprobó la ordenanza 004 cuyo fin es regularizar edificaciones existentes en el distrito. Sin embargo, para la realización del reconocimiento, estas deben pagar por un análisis técnico de los planos y estudios estructurales, la propuesta de reforzamiento de la estructura en caso de ser necesario, el pago de multas y la ejecución de las mejoras.

“Se determinó en su momento que al menos 10.000 viviendas en zonas no regularizadas o en proceso de regularización debían someterse a este proceso, lo que requeriría una inversión de hasta $ 7.000 solo cumpliendo los requisitos. De necesitar obras de estabilización ese costo se puede disparar hasta un promedio de $ 15.000 o $ 20.000”, señaló el experto.

Justo por el alto número de viviendas identificadas, el cronograma de controles es insuficiente.

Ocampo indicó que entre los pedidos que se han hecho al Cabildo está la creación de un registro de construcciones existentes, lo que facilitaría los controles.

“No está claro cuántas casas se encuentran en esta situación, pero cada vez son más. Un registro facilitaría la identificación y a largo plazo se podría intervenirlas”, comentó