“Tengo que decir, doctor Yunda, que la ciudad de Quito no necesita un personaje de televisión, necesita un alcalde. Por tal motivo, yo no puedo legitimar este tipo de sesiones en donde usted las preside”. Son las palabras de la concejal Paulina Izurieta, que pronunció la mañana de este 15 de junio. La edil suple a Mario Guayasamín, quien se encuentra enfermo con COVID-19 desde el mes pasado.

La mañana de este martes, el alcalde Jorge Yunda, quien preside el Concejo Metropolitano citó a los 21 ediles para tratar nueve temas de la gestión de la capital, entre estos la situación del Metro de Quito, cuya construcción se encuentra en la recta final, pero carece de un modelo de gestión que permita su operación.

Al inicio de la sesión, que era virtual, la secretaria del Concejo, Damaris Ortiz, tomó  asistencia por orden alfabético. Cuando llegó el turno de Izurieta, la concejal dijo que desde que participó en la sesión del 2 de junio y votó por la remoción de Yunda ha recibido un trato hostil. “Lamento mucho que haya sido objeto de violencia en varios espacios, de parte suya y de parte de sus asesores y abogados y de algunos concejales. Procedo a retirarme porque no lo considero legítimo y considero indigno su accionar”.

El resto de los concejales que se encontraban conectados virtualmente decidieron salir de la sesión “por solidaridad con la concejal Izurieta”. Ellos son Bernardo Abad, Juan Bedón, Juan Manuel Carrión, Omar Cevallos, Luz Elena Coloma, Eduardo del Pozo, Santiago Guarderas, Andrea Hidalgo, Analía Ledesma, Fernando Morales y Mónica Sandoval.

Yunda, a través de sus abogados, ha señalado que su remoción se dio en violación al debido proceso. Uno de sus argumentos es que Izurieta no podía asumir como concejal principal sin tener la autorización de Guayasamín, pero él no pudo realizar el trámite porque fue ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos desde el 31 de mayo del 2021. El alcalde ha dicho que Izurieta se “arrogó funciones” y que junto con otros funcionarios “trato de completar el número de integrantes sin importar la transgresión de normas de Derecho Público”.