Parentescos incómodos

13 feb 2019 / 00:01

    El mal uso de una tarjeta electrónica para ingresar a la Asamblea Nacional revela el poco control que se tiene con respecto al manejo de los recursos públicos de los legisladores, que permiten que sus familiares se inmiscuyan en asuntos de Estado. El último escándalo parlamentario da cuenta de lo peligrosos que pueden ser los parentescos incómodos cuando actúan al margen de la ley, pese a conocer las reglas.

    Es que nada se comenta sobre los niveles de influencia que tienen los legisladores, funcionarios públicos y magistrados para favorecer a sus agnados y cognados, cónyuges y arropados, hijos y entenados, al ser los favoritos para ganar contratos públicos. Sería interesante descubrir los negocios con los que se benefician los parientes de la clase política ecuatoriana, en algunos casos directamente y en otros a través de testaferros.

    Resulta que una gran mayoría de candidatos a los cargos seccionales no paga impuesto a la renta y, si lo hace, las cifras son ridículas. Cosa curiosa, los cónyuges, padres o hermanos de estos candidatos tampoco lo hacen. Quieren ser alcaldes, prefectos, concejales o consejeros, proclaman su honestidad, pero no pueden justificar un estilo de vida que guarda relación con el pago de impuestos, ni su declaración patrimonial.

    Por eso los legisladores, incluso algunos que aparentaban oponerse, aprobaron el artículo 312 de la Constitución Política del Ecuador con el propósito de debilitar la ya maltrecha economía de los medios de información, al limitar la presencia de aquellos que tenían negocios financieros o de comunicación en otras actividades y así evitar el tráfico de influencias. No tiene sentido equiparar el negocio bancario, que es gigantesco y no está en peligro de extinción.

    No sucede lo mismo con estas empresas que se ven afectadas por las plataformas digitales y las transnacionales de la industria del entretenimiento televisivo. La telefonía móvil ha transformado los hábitos de lectura a nivel mundial y las ventas de ejemplares registran severas caídas desde hace más de una década.

    Silenciar a la prensa para esconder los trapos sucios no es el camino. La clase política debe tener la obligación de transparentar sus estados financieros y de aceptar con responsabilidad el escrutinio público. De eso se trata el juego de la democracia.

    Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

    TAGS:
    TE RECOMENDAMOS
    A LA CARTA