Universidades dependientes

20 jun 2018 / 00:00

    Las universidades lucharon históricamente por mantener independencia del poder político. El Ecuador ha reconocido la autonomía que les corresponde en una sociedad democrática. La actual Constitución la garantiza, recogiendo la propuesta que realizó la Comisión de Juristas del Conesup, la cual elaboró un anteproyecto acerca del tema. Si algo se destaca de la Reforma Universitaria de Córdoba, cuyo centenario se recuerda este año, es el haber conseguido que se reconozca la autonomía especial de la que gozan las universidades. Igual criterio inspiró la insurgencia estudiantil hace 50 años en París. Lamentablemente, las últimas reformas a la Ley de Educación Superior van en dirección opuesta a los principios que rigen a universidades y politécnicas.

    Estas reformas confieren amplias atribuciones de control y supervisión a un ente rector de políticas públicas en educación superior, no previsto en la Constitución, del cual, al igual que del organismo de evaluación, acreditación y categorización, dependerán las universidades y politécnicas. Será una entidad similar al Ministerio de Educación Superior de Cuba.

    Contrariamente a lo establecido en las reformas a las cuales me refiero, las universidades y politécnicas por gestión de sus rectores históricos lograron en la ley de 1982 la creación de un organismo nacional autónomo de planificación, regulación y coordinación: el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (Conuep), integrado por representantes de las mismas comunidades universitarias y politécnicas. En 1998 se reforzó la autonomía con la creación constitucional del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea), como ente independiente que las evaluara por pares académicos conocedores de su realidad, para impedir intromisiones políticas. En esa misma reforma constitucional se unificó la educación superior incorporando a los institutos técnicos y tecnológicos. Mediante ley de 1996 promovida por el Conuep, se creó el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, dotándolas de autonomía financiera, que felizmente se mantiene en las reformas legales comentadas.

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