¿Subsidio, o mal negocio?

12 ago 2018 / 00:01

El Estado pierde la camisa en el negocio de expendio de los combustibles, y a lo largo de cinco décadas hemos literalmente “quemado” una tercera parte (aproximadamente $50.000 millones) de los ingresos originados en la exportación de crudo, en una práctica descerebrada de política social.

Se trata de un negocio supersecreto cuyas transacciones no son sometidas a ningún escrutinio público. Un negocio de miles de millones de dólares anuales que constituye el mayor negocio de importaciones que hace el país, y el cual se lo financia, como lo demuestran las cuentas gubernamentales, con dinero ajeno.

No existe ningún referente de mercado (como el WTI en el crudo) para determinar el monto del “subsidio”, pero sí para establecer el monto de la pérdida. Quienes entienden cómo funciona el mercado de derivados están de acuerdo en que un comprador de volumen, como lo es Petroecuador, puede obtener el mayor número de ofertas y protegerse de las variaciones en los precios, comprando y vendiendo opciones en los diferentes tipos de combustibles en cuanto a calidad, cantidad, precios y entregas. Los valores pagados por las compras no respaldan estos puntos de vista.

Los precios del GLP (gas de cocina) no se rigen por los vaivenes del crudo y el comportamiento ha sido a la baja en la última década. Durante el mismo período, su impacto en la comercialización interna ha sido estático en cuanto a volúmenes y decreciente en porcentaje. Se trata, de todas formas, del componente que mayor impacto social tiene, sin llegar ser redistributivo.

El problema de fondo radica en el diésel. Este combustible abarca el 45 % del volumen total de importaciones y se utiliza, casi en partes iguales, para la generación eléctrica y el transporte en todas sus modalidades. Hacia el interior del Gobierno se conoce que el contrabando de fronteras distorsiona la demanda en 10 % a 20 % en un bien orquestado esquema de corrupción y tráfico de combustibles en alta mar. El impacto fluctúa entre 2,5 y 5 millones de barriles y, en galones, entre 100 y 200 millones. Por lo tanto, los contrabandistas lucran igual cifra de ganancias por cada dólar de margen, pero ese pingüe negocio hecho a costa de los bolsillos de los ecuatorianos permanece intocado. ¿Debemos acaso pensar que ese latrocinio es el “impacto social” que la política gubernamental no quiere disturbar?

Los malos de la película son los consumidores de gasolina de “alta gama” a algunos de los cuales se les llena la cara de vergüenza cuando van a la gasolinera. No hay razón para tal vergüenza pues no existe subsidio alguno en las gasolinas: son productos de calidad inferior, de alta contaminación y de bajo rendimiento. Si al precio de expendio se le suma la retahíla de aranceles e impuestos de todo color y origen, incluida la no depreciación de los automotores, el resultado es una expoliación contra el consumidor. Cualquier subida de precio es un impuesto, y debe ser identificado como tal y aprobado por la Asamblea.

Cinco décadas de malgasto y, repito, $50.000 millones quemados en el negocio de los derivados es un monumento a la estulticia histórica que continúa vigente por la falta de visión colectiva y el apego atávico a la más recalcitrante corrección política e imbecilidad económica.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

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