Solvencia crediticia

13 oct 2018 / 00:01

    Que el economista Augusto de la Torre, exjefe del Banco Mundial para América Latina, considere que “estamos en condición ideal” para ir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y, a través de él, a un mayor financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM), toda vez que el Gobierno ya resolvió las necesidades de financiamiento para este año, muestra a las claras el beneficio recibido del buen manejo económico del régimen anterior del expresidente Correa, quien siempre tuvo un criterio adverso a acudir al FMI y al BM, por su tendencia a imponer condiciones que van en detrimento de las políticas sociales de los países deudores y que en el caso nuestro no serán la excepción, como lo anticipa el mismo de la Torre, que además califica tales medidas como necesarias para estabilizar la economía. Pero esta optimista solvencia crediticia no puede llevar tampoco a que el presidente Lenín Moreno esté presto a dejar endeudado el país por los próximos 40 años en programas que no van a la solución de problemas prioritarios, como sí lo era el Centro de Salud tipo C para los moradores del sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, que él mismo inauguró el pasado 9 de Octubre; pero no lo es de ningún modo el “tren playero” que promete construir para unir los cantones de Guayas, Santa Elena y Manabí, “como un aporte al turismo y al desarrollo comercial de los pueblos que se beneficiarán con la infraestructura”, según explicó, puesto que habiendo ya otros medios de transporte idóneos y menos agresivos contra el medioambiente, no debió tener prioridad frente a otras obras, como cualquier carencia que se cubra en el mismo campo de la salud para multitud de poblaciones de la costa y la sierra, o el pago de lo adeudado a Solca, o el urgente dragado de la sedimentación bárbara del río Guayas, obra que excede las posibilidades de la Prefectura, por más voluntad que tenga esta de hacerlo, o la infraestructura sanitaria y otros servicios de los que carecen comunidades poblacionales tan numerosas que constituyen verdaderas ciudades satélites de Guayaquil, como ya lo había previsto hace cincuenta años la Alcaldía del Puerto. La racionalidad del gasto y del endeudamiento público deben tener esa única mira.

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