Columnas

Las ‘offshore’ no son delito

Lo malo radica en la fuente u origen de ese dinero, porque suele ser producto de blanqueo de capitales, pagos de coimas o sobornos y en general recursos mal habidos...

En abril de 2016 Desde mi Columna analizó que ‘offshore’ u ‘offshoring’ son términos en inglés que significan en el mar o alejado de la costa, utilizados para identificar la movilidad de recursos o sistemas productivos hacia otro país.

‘Offshoring’ es sinónimo de cambio de localización o traslado de centros de producción a otro país que brinda ventajas competitivas como seguridad jurídica, leyes laborales favorables, menor costo de producción y mano de obra, mayor protección y facilidades del gobierno, reducción de impuestos y costos, y cualquier otro beneficio como incentivo a la producción privada, teniendo como prototipo las maquiladoras. En el ámbito financiero tenemos a las cuentas bancarias, depósitos o empresas creadas en países con bajos impuestos, facilidades de la ley y del gobierno para atraer capitales, conociéndoselos como paraísos fiscales; y que son preferidos por muchas personas jurídicas o naturales por facilidades, seguridad jurídica, mejor interés, inseguridad del país de origen o por la reserva de la identidad, etc. Inicialmente lo hacían en islas, de allí el término; actualmente existen en tierra firme, como el caso de Delaware (EE.UU.), Panamá, Andorra o Suiza, donde la actividad se realiza de conformidad con las leyes de cada país. Ya en el artículo de 2016 se dijo que no puede considerarse ilegal y peor delito, el tener empresas o inversiones ‘offshore’, por lo que no debe preocupar a los gobiernos que sus ciudadanos aparezcan en estos ya famosos Papeles de Panamá, si han cumplido con la ley y justifican la actividad lícita. Ahora pasa lo mismo con los Pandora Papers. El problema no es dónde se deposita o invierte el dinero lícitamente ganado. Lo malo radica en la fuente u origen de ese dinero, porque suele ser producto de blanqueo de capitales, pagos de coimas o sobornos y en general recursos mal habidos; de ahí, que se debe investigar no solo a los “empapelados” sino a todos los funcionarios públicos que en su vida laboral no hubieran podido acrecentar sus fortunas a base de su trabajo honrado y ahora aparecen como los nuevos millonarios.