En el caso conocido como “el reparto de los hospitales” (que con ese nombre, por cierto, debería remontarse al correísmo), la ya exministra de Gobierno María Paula Romo está llamada a dar explicaciones. Sí, hubo asambleístas que, a cambio de votos o lo que fuera, recibieron beneficios ilegítimos del Ejecutivo: contratos, instituciones, prebendas… Y como las relaciones entre la Asamblea y el Ejecutivo las conduce el ministro de la Política, Romo no puede evitar ser motivo de sospechas: o ella supo de estos manejos y los permitió, o no lo supo y la pasaron por encima. Con un ápice de serenidad y dos dedos de inteligencia cualquier asambleísta habría sido capaz de construir un argumento para demostrar que, sea cual fuera el caso, la ministra no era digna de confianza. Facilísimo. Nomás había que plantear los cargos, aportar las pruebas, conceder a la acusada el derecho a la defensa... En fin: hacer el juicio.

Un ápice de serenidad y dos dedos de inteligencia es precisamente lo que no tuvieron los interpelantes Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta. Ellos lo hicieron todo mal. Actuaron, para citar a un expresidente, como perros con hambre. Plantearon un juicio político sobre acusaciones irrisorias, que se desvanecieron con solo soplarlas. Cuando se dieron cuenta de que los cargos no solo eran ridículos sino políticamente comprometedores, porque significaban un espaldarazo a los golpistas de octubre de 2019, cambiaron de estrategia: con el juicio en marcha, pusieron sobre la mesa acusaciones nuevas que ni se molestaron en demostrar. Reparto de hospitales, dijeron, incremento de la inseguridad, uso indebido de bienes públicos… Dijeron lo que se les ocurrió. En lugar de mandarlos al carajo, como correspondía, por su inoperancia y su mala leche, la Asamblea les siguió la corriente. En el juicio político a María Paula Romo no solo faltó serenidad e inteligencia. Faltó honestidad intelectual y respeto a la ley. Faltó decencia.

María Paula Romo terminó siendo censurada y destituida por causas que la Asamblea no investigó. Causas sobre las que no se presentó prueba ninguna. Causas que ni siquiera fueron comunicadas a la acusada, ella se defendió de otras cosas. Causas que, simplemente, aparecieron el último día. Procedieron así porque, según argumentó Roberto Gómez, se trataba de un juicio político. Como si la naturaleza del juicio privara al acusado de su derecho a la defensa; como si el procedimiento de los juicios políticos no estuviera puntillosamente detallado en la ley de la Función Legislativa. En el extremo del cinismo y de la desvergüenza, Lourdes Cuesta se inventó una formulación jurídica para semejante despropósito: la única causal de destitución, dijo, es incumplimiento de funciones. Y por incumplimiento de funciones estamos juzgando a la ministra Romo.

¡Y pensar que esta señora es integrante de la Comisión de Justicia! Vaya precedente que está sentando. De ahora en adelante, cuando se emprenda un proceso de fiscalización, bastará con comunicar al afectado: Señor ministro, lo vamos a someter a juicio político por incumplimiento de funciones. Usted nomás venga y defiéndase, defiéndase de lo que pueda. Después nosotros sabremos encontrar qué funciones ha incumplido (siempre habrá alguna) y lo destituiremos. A prepararse: la Asamblea se limpia con los procedimientos y manda a la basura los principios.