Populistas corruptos

10 ene 2019 / 00:00

La elección dejó a uno de los países más grandes del mundo profundamente dividido, y entregó la presidencia a un agitador militarista, que hostiga a minorías, critica duramente a los medios y que prometió aplastar a un ‘establishment corrupto’. No me refiero a Donald Trump, sino a la elección de 2018 en Brasil, cuyo ganador Jair Bolsonaro asumió formalmente el 1 de enero. Bolsonaro se une a la creciente lista de líderes supuestamente transformadores que obtuvieron el poder despotricando contra el ‘establishment’ y jurando poner fin a la corrupción sistémica. ¿Seguirá también a Trump, Orbán y en menor medida a Kaczynski en lo referido a que bajo su liderazgo se extiendan nuevas formas de corrupción, mientras ellos intentan reformular la gobernanza para consolidar su poder? Pese a sus reiteradas promesas de “limpiar la ciénaga”, Trump ha hecho posible un nivel de corrupción que probablemente no tenga precedentes en la historia de EE. UU. y que afecta a amplios sectores de la burocracia federal. Dejó sin cubrir puestos vacantes en el gobierno, recortó presupuestos, evadió protocolos y procedimientos burocráticos establecidos, y marginó a los diplomáticos. El vaciamiento del aparato estatal permite hacer más informal la gobernanza, más personal la formulación de políticas, más dominante el poder Ejecutivo y más importante la lealtad al líder. Trump designó a familiares como asesores oficiales y extraoficiales, colocó a viejos auxiliares en organismos del Estado para que vigilen su lealtad, y dictó más decretos ejecutivos en su primer año que cualquier otro presidente del último medio siglo. Además esto dio nuevas oportunidades para cabildear en secreto a agentes no registrados oficialmente de corporaciones e incluso gobiernos extranjeros. A esto hay que sumarle lo que yo denomino las “élites ocultas”: actores del ‘establishment’ con funciones entrelazadas, opacas y no del todo declaradas en las esferas públicas y privadas. También hay muchos funcionarios designados por Trump con profundos vínculos con las industrias que se supone deben controlar, incluyendo sectores como educación, finanzas y sobre todo el energético; o que son manifiestamente hostiles a los organismos que integran. Pese a ello la democracia estadounidense todavía es comparativamente firme y la administración Trump sufrió importantes reveses a manos de los tribunales y de los medios. No es el caso de Hungría con Orbán, o de Polonia con Kaczynski. Trump facilitó la corrupción debilitando al gobierno, Orbán y Kaczynski apropiándose del control, cambiando reglas y poniendo instituciones de gobierno a su servicio para emplear el poder y recursos del Estado en beneficio de amigos personales y aliados políticos. Transparency International calcula que 70 % de las compras públicas en Hungría están “infectadas” de corrupción, lo que podría costar al país hasta 1% del PIB. Orbán desvió hacia sus amigos miles de millones de euros de la UE, que ahora exige su devolución aunque sea parcial. Pero el objetivo de Orbán siempre ha sido asegurarse de que los actores de poder de Hungría estén de su lado. En Polonia, el partido gobernante se lanzó al asalto de las instituciones de gobierno y ha empleado acusaciones de corrupción como arma contra opositores políticos. Su agenda anticorrupción se ve más como un plan autoritario de consolidación del poder. En Brasil Bolsonaro ha prometido que “los departamentos del gobierno no serán dirigidos por nadie que haya sido condenado por corrupción”. A juzgar por sus homólogos populistas, es mejor que los brasileños no se hagan muchas ilusiones.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

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