El mortal flagelo del COVID-19 que azota al mundo, ante las medidas de urgencia económica que empiezan a dictar los gobernantes de cada país para reponerse de los efectos causados por la crisis, que lleva ya varios meses, a partir de iniciada la curva de decrecimiento de la pandemia, terminan por situarnos ante el problema fundamental de la necesidad de una mejor distribución social de la riqueza, lo que significa acortar la brecha entre ricos y pobres, por lo menos al punto de evitar que estos caigan y aumenten las cifras de pobreza extrema. En América Latina, según reporta la Cepal, el organismo económico de NN. UU. para la región, se estima que si el avance de la pandemia provocase una caída del 5 % en el ingreso medio de la población activa, el número de latinoamericanos en pobreza extrema pasaría de los 67,5 millones actuales a 82 millones en 2030, y si la merma de ingresos fuera del 10 % llegaría a los 90 millones de personas. La medida inmediata y obligada deberá ser crear un impuesto que solo sea pagado por las fortunas más pudientes hasta cubrir un estimado de la cantidad de dinero que el Estado necesite para salir de la crisis o cubrir sus pérdidas, como ha planteado el gobierno argentino de Alberto Fernández, por ejemplo, pero no un impuesto general tan mal concebido como el propuesto por el presidente Lenín Moreno, al estimarlo en un 10 % del sueldo de funcionarios y empleados públicos que ganen más de $500 mensuales, lo que significa gravar a la clase media de más bajos recursos, así como a las empresas que hayan tenido utilidades superiores a un millón de dólares, proyecto que ha sido impugnado, con justa razón, por los empleados públicos que han salido a manifestar con pancartas en Quito y Guayaquil, precisamente el Día del Trabajo, 1 de Mayo, e injustamente, también por parte de empresarios cicateros y rapaces para los que no existe el concepto de solidaridad para con sus trabajadores. ¿Y qué pasó, presidente Moreno y ministro Martínez con el subsidio a los combustibles, tan manifiestamente injusto, al que no los transportistas sino los indígenas hicieron fracasar? Esta sería la hora de insistir en la abolición de ese subsidio, con muy bajo o ningún costo político. No entendemos por qué no se lo hace.