Suicidio de Alan García

20 abr 2019 / 00:09

    El sorpresivo hecho ocurrió en la mañana del miércoles en Lima. La policía fue a las 6:30 de la mañana a su domicilio para cumplir una orden preliminar de arresto por 10 días, dictada por un juez que investigaba la implicación de su gobierno en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht (que operó con ese sistema en 12 países de América Latina y África). La acción la eludió atentando contra su vida, haciéndose un disparo en la sien cuando entró en su habitación supuestamente para llamar a su abogado, falleciendo pocas horas después en el Hospital de Emergencias. Fue, en alguna forma la realización de una muerte anunciada ante las acusaciones que la Fiscalía General endilgaba en su contra y la ferocidad con que la justicia peruana ha venido actuando en los procesos instaurados contra exmandatarios, real o supuestamente implicados en la red de sobornos de la poderosa y cínica compañía constructora brasilera (Lava Jato), como ocurrió con los expresidentes Kuzcynski, Humala y Fujimori, presos en algún caso con orden judicial de “prisión preventiva”, además del expresidente Toledo, prófugo en EE.UU., siendo especialmente grave el caso de Fujimori, a quien a pesar de ser un anciano aquejado de una enfermedad terminal, se le negó su petición de permanecer bajo “arresto domiciliario”.

    El procedimiento penal para ser riguroso no tiene que mezclarse con el carcelario que, por regla general, en nuestros regímenes humilla al detenido, más si tiene la desgracia de pertenecer a un movimiento político de oposición, como está ocurriendo en nuestro país en el caso del expresidente Glas y como parece querer aplicársele en alguna forma a Ricardo Patiño, excanciller del gobierno de Rafael Correa, por baladíes supuestos de incitar a la resistencia del gobierno “morenista”, que el mandatario no se cansa de exaltar día a día como un éxito que solo él parece ver, jactándose de haberle devuelto la democracia y la paz al país, siendo esta la razón por la cual los organismos multilaterales le otorgan los empréstitos que solicita, sin mencionar desde luego que eso signifique recortar 30.000 puestos de trabajo de empleados públicos, lo que ha empezado a ejecutar. Solo falta que pida a las familias de los cesados que lo aplaudan.

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