Columnas

Candidatos y ofertas a la carta

No es ético aprovecharse de las necesidades de una mayoría de ecuatorianos que quisieran contar con ese dinero para paliar apremiantes necesidades.

El Ecuador tiene un menú electoral con numerosos aspirantes. No puede quejarse de falta de ofertas para escoger el que más satisfaga el apetito ciudadano, aunque no encuentre al que realmente llene sus aspiraciones, lo cual se dificulta por una falta de antecedentes de los candidatos que genere credibilidad a su propuesta. Queda la opción de escoger al que cause menor indigestión social y no afecte la salud democrática del país.

Los debates han contribuido poco para conocer más a los aspirantes. Se limitaron a exponer enunciados generales, sus ideas, incluso no fueron puntuales en las respuestas a las preguntas formuladas. No explicaron cómo lograrán lo que proponen, cómo lo financiarán, cómo vencerán los escollos se les presenten. Tampoco lograron vencer la falta de entusiasmo e indecisión de la mayoría de electores, que sienten un cierto hartazgo por los recurrentes desengaños tenidos de quienes una vez electos se dedican a gobernar para su círculo de amigos.

Difícil decisión para quienes creen en la democracia y sus valores. La presidencia de la República es el más alto cargo público en un régimen presidencial. Exige conciencia plena de que la campaña política no puede concebirse como una oportunidad para exhibirse por la publicidad a la que está expuesto; comprender que gobernar demanda un amplio y sólido bagaje de conocimientos concretos de la administración pública, que le permitan advertir la concurrencia de intereses disímiles y/o contrapuestos de los diversos y heterogéneos sectores sociales; tener experiencia en el manejo de recursos humanos y fiscales que pertenecen a todos y hacerlo con eficiencia, austeridad, probidad.

En el festín de ofrecimientos un candidato llega al nivel de comprar un millón de votos a mil dólares cada uno, no hay otra manera de entender su propuesta. Para ello utilizará dinero de todos los ecuatorianos, lo cual es reprochable; al menos por equidad debía ofrecerlo a los 17 millones de habitantes. No es ético aprovecharse de las necesidades de una mayoría de ecuatorianos que quisieran contar con ese dinero para paliar apremiantes necesidades.