Judicialización sucia

10 nov 2018 / 00:01

    Emular la notoriedad a nivel mundial, aunque sea negativa, de que goza el juez brasileño Sergio Moro al haber enviado a la cárcel y condenado a 12 años de prisión al expresidente Lula da Silva -por haber habitado una casa que algún fervoroso partidario puso a su nombre-, con lo que inhabilitó su candidatura presidencial que, según los sondeos, habría ganado con amplísima ventaja, aparece como la razón más visible para la actuación, en nuestro país, de la jueza Daniela Camacho. Ella lleva el juicio que por intento de secuestro -denunciado por Fernando Balda, político opositor al régimen del expresidente Correa-, se sigue contra el exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y los tres exagentes policiales de Inteligencia, dos hombres y una mujer. Ellos habrían tratado de realizarlo en horas de la noche, en Bogotá, el 13 de agosto de 1912, según denuncia que Balda presentó en la Fiscalía General del Estado en abril de 1913 y que reconoció y activó solo cinco años después, en enero de 2018, en pleno auge de la persecución al pasado régimen correísta emprendida por Lenín Moreno, en la que ahora Balda es estrella mediática. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, suspendida el 27 de septiembre pasado luego de tres días de escuchar al fiscal general Paúl Pérez y a los cuatro procesados, se reinstaló el miércoles, sosteniendo el fiscal su convicción de que hubo intención de secuestrar a Balda por orden directa del entonces presidente Correa hacia su secretario de Inteligencia, y que como en el secuestro se habrían usado recursos públicos de la Senain, el delito de peculado podría ser motivo de una nueva acusación y acción legal, dosis de ridículo que faltaba a la patraña montada con el propósito que se persiguió desde el primer momento que la jueza Camacho tomó a su cargo el caso: enjuiciar al expresidente Correa y dictar orden de detención en su contra para encarcelarlo y acabar con su carrera política, como hicieron con Lula en Brasil y como tratan de hacer con Cristina Fernández en Argentina bajo el gobierno de Macri. Es curiosamente coincidente que la judicialización “sucia” de la política sea el arma, la mayor parte de las veces letal, que esté usándose contra los líderes progresistas y/o revolucionarios de los países de la región, a través de jueces robot.

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