La amnistía, que viene del griego amnestía, significa amnesia, olvido. Perdón y olvido del delito y de la pena. La amnistía implica, entonces, para las partes que la negocian, un acuerdo; una nueva etapa en la cual se marcan, explícitamente, condiciones de reconocimiento mutuo, de reconciliación. ¿Es esa la amnistía a la cual aspiran Leonidas Iza, Jaime Vargas y otros responsables de los 11 días de violencia en Octubre-2019?

Aquel evento fue para el Estado una asonada, un intento de golpe de Estado. Los ciudadanos -los quiteños en particular- vivieron aterrorizados aquellos días. Leonidas Iza, en cambio, dijo en el libro Estallido y lo sigue repitiendo -como lo hizo este domingo 16, en el sitio digital La Línea de Fuego- que Octubre-2019 fue una gesta heroica. Una hazaña. Un hecho histórico.

No hay de su parte arrepentimiento alguno. Él y los suyos no violaron la ley. No cometieron delito alguno. No abusaron. No actuaron como delincuentes. Son ciudadanos que ejercieron el legítimo derecho a la resistencia. Es más: son defensores de los derechos humanos. No victimizaron a nadie; ellos son las víctimas. No deben responder por lo que hicieron. Ni siquiera por el vandalismo y la violencia que es, a sus ojos, un recurso revolucionario que utiliza el pueblo para transformar la sociedad. Luego es legítimo y está por encima de la ley.

Lejos de pedir cuentas, el Estado debe responder por lo ocurrido aquellos 11 días. Porque el Estado y sus funcionarios -que se supone defendieron la institucionalidad- cometieron violencia en su contra. Los persiguieron. Practicaron un verdadero terrorismo de Estado; cometieron delitos de lesa humanidad que tienen que pagar. Ni la Fiscalía ni el sistema judicial pueden juzgarlos. No los reconoce como entes de Justicia; para él son aparatos que amedrentan, que no defienden sus derechos humanos.

¿Qué es, en ese caso y en esos términos, la amnistía? La consagración de esa narrativa en la cual no hay ley ni Estado de derecho, las instituciones no pueden defenderse de tentativas violentas para cambiar el orden establecido y cualquiera puede erigir la violencia en instrumento lícito para dirimir conflictos políticos. La amnistía, en ese caso y en esos términos, es el reconocimiento pleno de la anomia política en que algunas fuerzas quieren instalar al país. Convertir el Estado en rehén de grupos políticos o sociales que desconocen las leyes y usan su capacidad de movilización para debilitar el sistema democrático que quieren liquidar.

La amnistía, tal y como la conciben militantes como Leonidas Iza, no solo legitima su narrativa: sacraliza sus actos e invalida los códigos. En adelante, secuestrar policías y periodistas no es secuestrar: es hacerlos pasar un gran rato de esparcimiento con sus custodios, como dijo Vargas. Quemar la Contraloría, no es quemar la Contraloría: es un malentendido cultural que se soluciona con un buen intérprete. Parar la producción de los pozos petroleros no es un atentado; es provocar un ahorro. Hasta personas como Jorge Calderón, dirigente de la Federación de taxistas, podrá colegir que el artículo 326 de la Constitución que prohíbe paralizar los servicios públicos es puro chiste: también él pidió ser amnistiado.

La amnistía es una herramienta jurídica y política capital en democracia. Pero necesita reconocimiento mutuo de las partes; no un lavado de manos de una parte para solapar lo que hizo y poner de rodillas a la otra. Eso es lo que pretenden los autores de las jornadas violentas de Octubre-2019 con el Estado. Por eso esa amnistía debe tener condiciones y no ser general.