Vuelve y juega: actores gremiales, sociales y políticos lograron que el Gobierno congele el aumento progresivo del precio de los combustibles. No hay duda de que sindicalistas, Pachakutik, la Conaie de Leonidas Iza (el correísmo y otros populistas usan sus protestas), han logrado un triunfo político pírrico, bajo la tesis de que el aumento de los precios de los combustibles “afecta lesivamente la economía familiar”.

La defensa de los subsidios a los combustibles, que esos grupos y otros han erigido en tabú, prueba la irracionalidad que gobierna el debate sobre las políticas públicas. Pensar en forma integral les es imposible: es evidente que si el Estado tiene menos recursos, agrava sus desequilibrios fiscales -que son crónicos- y la falta de esos ingresos aumenta la imposibilidad de atender políticas sociales que benefician a los más pobres. No solo eso: sin liberación de precios se echan a perder los esfuerzos de focalizar los subsidios y la expectativa de que las comercializadoras importen combustibles de mejor calidad: se perpetúa así el problema de contaminación en un momento en que el mundo ha convertido la sostenibilidad ambiental en el mayor de sus retos.

Puertas adentro, se pone en jaque el programa económico, pues se reducen los ingresos que estaban previstos en el acuerdo con el FMI. El Gobierno carece, además, de mayoría en la Asamblea para aprobar las contribuciones, por dos años, previstas en el proyecto de Ley Creando Oportunidades. El país político y social quiere que el Estado mejore y pague más servicios, pero no quiere oír hablar de su financiamiento.

Sindicalistas, Pachakutik, transportistas, la Conaie y otros populistas vuelven a pensar en el Estado como un tercero, etéreo, distante y pudiente. Un ente que si no reparte es porque no quiere, porque si se les oye tiene recursos inextinguibles. Se vuelve a pensar que el Estado debe ampliar las políticas de protección social, así como hizo Montecristi al mutiplicar derechos en la Constitución, sin hacerse la pregunta: ¿quién paga?

Se vuelve a pensar que se puede manejar la política fiscal en forma discrecional porque las cosas no cuestan. Se vuelve a decir que se puede disminuir ingresos (los que se iba a ahorrar el Estado tras la focalización de los subsidios a los combustibles) sin que eso afecte las políticas sociales, la confianza de los inversionistas y sin que crezca, en forma dramática, la deuda externa. Al fin y al cabo hasta Jaime Nebot dice que para financiarse no se necesita disciplina fiscal sino más endeudamiento.

Proceder en la forma irresponsable que lo hacen todos aquellos que saldrán hoy a la calle, hace pensar en Andrés Velasco, exministro de Economía de la socialista Michelle Bachelet. Él vino la semana pasada como expositor a la reunión, sobre el manejo fiscal, organizado en la Hacienda Cusín, en Otalvalo. Allí dijo tres cosas fundamentales; las tres de sentido común. Primera: no importa el tamaño del Estado; pero el Estado que cada sociedad decida debe ser eficaz, funcional y equilibrado en su manejo fiscal. La responsabilidad fiscal no tiene que ver con el tamaño del Estado.

Dos: un Estado liberal o socialista requiere, para tener una política de protección social incluyente y redistributiva, un riguroso manejo fiscal. Se puede ser progresista, pero se debe ser riguroso.

Tres: quien no se gobierna a sí mismo, no puede gobernar. Eso es toda una filosofía.

Los populistas ganan cualquier competencia cuando se trata de gastar. Pero no saben producir riqueza, empleo e ingresos. Los populistas ganan guerras pírricas que resultan costosísimas para la nación.