Columnas

El peligro que encarna Yunda

Aquello que era monopolio del crimen organizado, es hoy moneda corriente en cargos tan prestantes como la Alcaldía de Quito

El culebrón de Jorge Yunda puede disuadir incluso a jueces honestos y abogados abnegados de creer en la Justicia. Los quiteños que saben que Yunda tiene grillete y un juicio en la Fiscalía General por peculado, que fue removido del cargo y que, a pesar de aquello, sigue en la Alcaldía, gracias a las mañoserías de cuatro jueces, se frotan los ojos. ¿Cómo logra este político, que llegó a la Alcaldía con apenas 21 % de votos, sobreaguar y usar el cargo para defenderse mientras la capital, por falta de gestión administrativa, está absolutamente paralizada?

La Fiscalía espera que la Corte Provincial de Pichincha nombre el tercer juez para completar el tribunal que conocerá el caso de la compra de pruebas chimbas, hechas por el alcalde de Quito, para el COVID. Dos jueces se han excusado y el tribunal, que se conformó el 15 de junio, sigue incompleto. Nadie entiende las razones de la demora.

En el caso de la remoción, las sorpresas son mayores. Yunda recurrió a la Justicia y presentó dos recursos judiciales después de que 14 ediles, del Concejo Metropolitano de la capital, decidieran apartarlo de su cargo. En los dos hubo irregularidades tan flagrantes que fueron denunciadas por la propia presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y los dos jueces fueron suspendidos. Se abrió, además, un proceso disciplinario contra los funcionarios que participaron en esos procesos.

Sin embargo, Yunda recibió, en un caso, una acción de protección por parte de la jueza María Belén Domínguez, luego de que esa causa ingresara, no como un tema constitucional sino como un problema de violencia familiar. En el otro caso, el juez Carlos Soto le dio medidas cautelares, luego de haber sido designado directamente y sin sorteo. Así, Yunda se benefició de los fallos de esos dos jueces que se prestaron para violar los sorteos de esas causas y que arriesgaron truncar su carrera. Por las similitudes, cualquiera puede colegir que no lo hicieron ingenuamente.

En esa misma línea se encuentran los dos jueces de la Corte Provincial de Pichincha, Raúl Mariño y Cenia Vera (la jueza Guadalupe Narváez salvó su voto) que dejaron sin efecto la remoción de Yunda: produjeron un fallo antijurídico. Negaron a los concejales su calidad de actores políticos; los asimilaron a jueces jurisdiccionales. Convirtieron un acto de fiscalización política en un proceso judicial. Y usaron como precedente jurídico la destitución, por parte del procurador de Colombia, del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló. Aquello fue una medida disciplinaria, tomada por una autoridad administrativa; nada que ver con el caso Yunda. ¿Por qué esos jueces osan pasar por ignorantes que ni siquiera conocen la Constitución del Ecuador? ¿Por qué se exponen a ser investigados por el Consejo de la Judicatura?

El hecho cierto es que esos cuatro jueces salvan, hasta ahora, irregular y sospechosamente, al alcalde de Quito que fue removido de su cargo respetando las formalidades, según dictaminó el Tribunal Contencioso Electoral, máxima autoridad en esa materia. Este caso suma, entonces, el uso delictivo del ordenamiento jurídico y el cinismo extremo de un político que, con grillete, prueba poder manejar la Justicia a su antojo. Yunda demuestra que uno de los peligros mayores para la democracia se ha hecho realidad incluso en la capital de la República: el uso y abuso del sistema judicial por parte de políticos retorcidos y sin escrúpulos. Aquello que era monopolio del crimen organizado, es hoy moneda corriente en cargos tan prestantes como la Alcaldía de Quito.