Columnas

Violencia, delincuencia, institucionalidad

Continuando con la saga sobre esta coyuntura violenta y delincuencial, exigimos un enfoque integral y holístico para el tratamiento de la compleja y conflictiva realidad nacional. Corresponde demandar, primeramente, a los actores estatales dejar de lado la vocinglería electorera, las anteojeras ideológicas y los intereses particulares para diseñar estrategias viables y políticas públicas para todos, sin exclusión ni discriminación. Y debemos partir (re)definiendo las tareas del Estado, pero en correspondencia a la distribución territorial del poder, ya que por los problemas vigentes es necesaria la cooperación de la institucionalidad y ciudadanía. 1.-Volver al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Prisiones; en la actualidad la SNAI y Secretaría de Derechos Humanos no pueden funcionar por un gran número de problemas administrativos y financieros, como ha destacado Bernarda Ordóñez. Incluso permite entender la inoperancia del mediático coronel Cobos. 2.-La Función Ejecutiva debe organizar las mesas técnicas, con participación de las otras funciones del Estado y representantes de los subsistemas político, empresarial y sociedad civil para la formulación del Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y de Protección Transfronterizas. Este debe basarse predominantemente en la prevención y no solo en la represión, como ha sido hasta ahora; y el Plan Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social. 3.-Plan de Remodelación y Ampliación de penales y creación de 3 penales más. Las 6 cárceles serán regionales y cogestionadas por gobernadores y gobiernos autónomos descentralizados, con apoyo de la fuerza pública y guías penitenciarios capacitados y rotatorios. La escuela penitenciaria y rehabilitación. 4.-La Función Judicial, Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, con apoyo proactivo de Fiscalía General y Procuraduría del Estado deben actualizar y dinamizar la administración de justicia, revisar la aritmética penal evitando el populismo penal y el miedo colectivo inducido. Aumentar jueces penitenciarios. La Policía Judicial debe depender de la Fiscalía. En todo debe haber mecanismos efectivos de control ciudadano.