Eliminación del Cpccs

17 abr 2019 / 00:01

    El Dr. Julio César Trujillo ha integrado una comisión de distinguidos ecuatorianos para una cruzada que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado en la Constitución del 2008 como un ente representativo de otra Función del Estado, cuyos objetivos son: promover la participación ciudadana y luchar contra la corrupción, con facultades para nombrar los directivos de los organismos de control, previo concurso de méritos y oposición.

    En teoría es un organismo que contribuiría a un mayor equilibrio entre las funciones del Estado, desterrando viejas prácticas de componendas para repartirse desde la Legislatura las designaciones de altos dignatarios de Estado; pero en la realidad esta función se degeneró y convirtió en alcahuete del anterior gobierno, protegiendo sus abusos y corruptelas. Para ello se nombraban contralor y fiscal de confianza, para encubrir delitos y favorecer la impunidad. No se persiguió a los corruptos sino a los adversarios del gobierno, y lo más grave, dueños del honor y libertad de los ciudadanos. Si a eso se agrega la influencia que tenía en la administración de justicia y los organismos electorales para decidir quién gana o pierde una elección, terminó transformándose en un organismo peligrosísimo para la estabilidad democrática. También designaba superintendentes utilizables como instrumentos de represión contra quienes no comulgaban con el gobierno.

    No pueden excluirse en el debate de la propuesta varias situaciones: una, este organismo sustituyó a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción que constaba en la Constitución de 1998, que podría restituirse; dos, lo importante no es cambiar al organismo que designa los directivos de los organismos de control, sino establecer un mecanismo que garantice que haya una buena selección con base en la trayectoria de los elegidos; tres, deben respetarse transitoriamente períodos de directivos de organismos de control designados por el Cpccs transitorio, y al menos reducir las atribuciones del nuevo organismo, a promover la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.

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