Estado Unidos, nuestro principal socio comercial, nos considera un país de riesgo; así lo indica el Departamento de Estado en su informe anual sobre el clima de inversiones. Ecuador, el único país con un gobierno de centro derecha en toda la costa del Pacífico de América del Sur, resulta ser un país inseguro para la inversión extranjera y esto gracias a las casi nulas relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, a la inseguridad jurídica y a la corrupción judicial, según reza dicho informe.

Sin embargo, a estos factores habría que sumarle algunos otros, como la incapacidad del Gobierno para lograr acuerdos al interior de la Asamblea, la falta de previsión y planificación para poder controlar a aquellos grupos golpistas que quisieron tomarse el poder, la falta de incentivos adecuados a la economía, la excesiva ‘lassitud’ (laxitud) en la conformación y manejo de las mesas de negociación con los golpistas lanza piedras de poncho, entre otros.

Vemos cómo esta inhabilidad política del Gobierno se traduce en un informe altamente desfavorable por parte de nuestro principal socio comercial, informe que no hace más que ratificar el efecto más pernicioso de esta incapacidad política: el incremento vertiginoso del riesgo país. Durante casi un año, desde que el presidente Lasso ganara la segunda vuelta, el riesgo país ha fluctuado alrededor de 800 puntos. Bastó que los delincuentes de poncho se tomen las calles y paralicen el país durante 18 días para que dicho índice suba a más de 1.300 puntos; bastó que el Gobierno los siente a las mesas de negociación para que rebase los 1.600 puntos, llegando así a superar los niveles de cuando se temía que el llaverito Arauz ganaría las elecciones y por ende el posible retorno del prófugo del ático.

Y es que en las mesas de diálogo se pretende decidir el modelo de país mediante el consenso entre un gobierno democráticamente electo y un grupo de golpistas lanza piedras que representan el 6 % del electorado. Estos negociadores de poncho no fueron electos por la mayoría, no tienen autoridad para imponer al Gobierno su propia agenda; pretenden instaurar un modelo que fluctúa entre el pensamiento mágico y la utopía y que se encuentra lleno de inconsistencias. Quieren subsidios a los combustibles, pero quieren limitar la producción y explotación petrolera; quieren definir precios de sustentación para el agricultor, pero también quieren control de precios de venta al público para evitar la especulación. Su lógica los lleva a pensar que impidiendo las importaciones aseguran el abastecimiento de dólares y que para hacer que vengan dólares hay que evitar que salgan.

No entienden que los subsidios y la fijación de precios solo abonan a la corrupción, distorsionan la economía, generan escasez o sobreproducción según, sea el caso, e impiden el equilibrio natural de las fuerzas del mercado. Con absoluto desconocimiento desdeñan la dinámica básica del mercado, la libre oferta y demanda como mecanismo de determinación de precios y cantidades a producir que permite asegurar equilibrio y eficiencia.

Y es que, como diría el poeta maldito, Charles Bukowsky, parafraseando a Bertrand Russell, “El problema con el mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que los estúpidos están llenos de confianza”.