¿Prosperará el golpe político de B. Johnson?

04 sep 2019 / 17:43

    La larga tragicomedia de la relación del Reino Unido con la Unión Europea se aproxima por fin al clímax. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, describió la maniobra del primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento británico durante casi todo el período previo al plazo del 31 de octubre para el brexit como un “atropello constitucional”. Sin embargo, la acción de Johnson tiene una ventaja: pone a los 650 congresistas frente a una disyuntiva clara. O una mayoría parlamentaria vota en la primera semana de septiembre para reemplazar a Johnson con un gobierno interino, o lo dejan con poder irrestricto para implementar su amenaza de brexit sin acuerdo, lo que pondrá al RU en curso de colisión con la UE. Esa decisión tiene importantes derivaciones para el futuro de la UE. Si los parlamentarios no consiguen elegir un nuevo gobierno, a partir del 10 de septiembre el Parlamento estará cerrado y Johnson no tendrá obstáculos a su idea de brexit “con o sin acuerdo”. Él cree que la nueva falta de restricciones políticas que consiguió suspendiendo el Parlamento fortalecerá en gran medida su poder de negociación para exigir cambios al fallido acuerdo de retirada negociado por su predecesora Theresa May. Es posible que algunos dirigentes de la UE hayan apostado a que el Parlamento, temeroso de los riesgos de un brexit sin acuerdo, intervendría para evitarlo. Sin esa posibilidad, tal vez la UE decida hacerle a Johnson la concesión que pidió para una salida ordenada y cooperativa: que se elimine la “salvaguarda irlandesa” por la que el RU quedaría atado a las políticas comerciales de la UE hasta que se negocie un nuevo tratado comercial permanente que permita una frontera abierta entre Irlanda del Norte e Irlanda. Puede ser que Johnson tenga razón. Aunque un brexit sin acuerdo perjudicaría al RU, la UE también saldría mal parada. El RU es el segundo mercado en importancia para Europa continental (12% del total de exportaciones de la eurozona; casi el doble del 7 % de China y detrás del 14 % a EE. UU.). Arriesgarse a esa ruptura sería particularmente peligroso en un momento en que EE. UU. y China están trabados en guerra comercial, Alemania al borde de la recesión por la caída de ventas de automóviles, Francia atravesada por la desobediencia civil e Italia en abierta rebeldía contra las normas de la UE. Además, un brexit sin acuerdo perjudicaría a Irlanda más que a cualquier otro país, por los trastornos obvios al comercio y al transporte y porque que tendrá que hacerse cargo de implementar la frontera efectiva con Irlanda del Norte que la salvaguarda busca evitar. ¿Qué motivos puede tener el gobierno irlandés para preferir la certeza de tener que poner sus fuerzas policiales y militares a proteger esa frontera ya mismo, en vez de una solución negociada con Johnson que elimine la salvaguarda al costo de una remota posibilidad de que haya que crear esa frontera dentro de muchos años? Cuando en Dublín empiecen a hacerse esta pregunta (y en Bruselas, Berlín y París), es probable que la respuesta termine siendo favorable a buscar un nuevo acuerdo para el brexit. Johnson probablemente no se equivocó al calcular cínicamente que cerrando el Parlamento aumenta las chances de llegar a un acuerdo para el brexit en el último minuto. Felizmente, en vista de las temibles derivaciones políticas de este “atropello constitucional” en la otrora democracia más estable de Europa, también hay una posibilidad aceptable de que la conducta cuasidictatorial de Johnson provoque una pronta reacción parlamentaria que ponga fin a su carrera política.

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