¡Cambios definitivos!

11 sep 2018 / 00:00

    El proceso de recuperación institucional es arduo y difícil. La tarea liderada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no ha tenido descanso, ha conseguido resultados, ha sido apuntalada por el trabajo decidido de determinadas entidades públicas como la Contraloría General del Estado, y ha merecido el reconocimiento ciudadano.

    Pese a ello, la enorme estructura de poder armada por el populismo que manejó los destinos del país por diez años, cobró un peso inusitado difícil de resquebrajar; sustentado en una suerte de consolidación de intereses que se resisten a ser intervenidos y desarticulados en forma definitiva. La Función Judicial, por ejemplo, pese a haber sido intervenida por el Consejo de la Judicatura, permanece aún como una rémora de ribetes antiéticos y grises en determinadas dependencias a cargo de delicados y significativos casos. La continuidad de la buena gestión de este cuerpo debe llegar cuanto antes a sanar los hechos purulentos, a fin de entregar a la democracia una estructura judicial transparente y libre de cuestionamientos.

    En el ámbito electoral, es obvio reconocer el papel jugado por el Consejo Nacional Electoral. Sus integrantes han emprendido un conjunto de acciones que van desde la definición de los presupuestos para su ejecución, tratando de que estos se ajusten a las circunstancias de la crisis económica que afecta al Estado, hasta la definición detallada de los respectivos procesos de inscripción para la conformación de organismos básicos en el desenvolvimiento institucional, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, las convocatorias pertinentes, y una operación de suma delicadeza y cuidado como es la depuración de los padrones electorales, en conjunto con el Registro Civil y el apoyo de la Politécnica Nacional. La organización de los procesos electorales (elecciones seccionales, elecciones en el exterior) va, con toda seguridad, a demandar una ampliación del plazo de funcionamiento del CNE.

    Solo así se garantiza la institucionalidad.

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