México admite la existencia de más de 3.000 fosas clandestinas

El Ejecutivo reconoce el hallazgo de casi 5.000 cuerpos, de los cuales unos 200 han sido identificados en los últimos ocho meses.

30 ago 2019 / 11:54

El Gobierno de México ha puesto cifras al horror de las fosas clandestinas en el país. La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha revelado este viernes que se han encontrado 4.974 cuerpos en 3.024 fosas en los últimos 13 años y medio. “Es un número dinámico que estamos revisando”, ha admitido la presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, en una conferencia de prensa junto al presidente. El Ejecutivo ha señalado además a los Estados de Tamaulipas y Chihuahua, ambos en la frontera con Estados Unidos, como los dos más golpeados por esta crisis. Esta nueva contabilización implica un gran salto desde la última cifra trascendida, a través de una investigación periodística, que señalaba unos 2.884 cuerpos en 1.978 tumbas ilegales.

La fecha no es casualidad. El Gobierno de López Obrador ha elegido el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada para rendir cuentas respecto a este tema. “Es la primera vez que desde el Gobierno federal se lleva un seguimiento cotidiano”, ha asegurado Quintana. La comisionada encargada de la búsqueda ha señalado que los números han sido recopilados a partir de información de las fiscalías estatales y las organizaciones civiles que se dedican a buscar desaparecidos.

Además de los números generales, el Ejecutivo mexicano ha señalado que, desde llegada de López Obrador a la presidencia el pasado 1 de diciembre, se han encontrado 522 fosas con 671 cuerpos. De estas últimas, la mayoría fueron halladas en Colima, un pequeño Estado sobre la costa del Pacífico, y Veracruz, una de las entidades más marcadas por el crimen organizado. El Gobierno ha destacado además que durante los últimos ocho meses y medio, se han identificado 200 restos humanos, de los cuales 116 ha sido entregado a sus familiares. “Este diagnóstico nos da mayor información para crear una política”, ha defendido Quintana tras exponer los datos.

El Ejecutivo de López Obrador ha insistido en “el vuelco” que ha pegado la política mexicana en este tema con respecto a los anteriores sexenios. Uno de los pasos fundamentales para diferenciarse de la Administración de Enrique Peña Nieto ha sido abrir las puertas a la inspección internacional. “Se hará una invitación formal al Comité contra las Desapariciones Forzadas [de Naciones Unidas] para el segundo semestre de 2020, una solicitud estaba pendiente desde 2013”, ha anunciado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. “El Gobierno anterior se negó recurrentemente a dar [la invitación], invisibilizando el problema”, ha reclamado.

La política para localizar a personas desaparecidas en México tomó impulso con la llegada en febrero de Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La apuesta del Ejecutivo, más allá de las cifras, ha sido la creación de una estrategia que incluye comisiones de búsqueda en cada Estado y un presupuesto de 170 millones de pesos, unos 8,5 millones de dólares. “La búsqueda de personas desaparecidas en la prioridad de esta Administración”, ha insistido Encinas.

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