La violencia contra la mujer es parte del día a día en las instituciones de educación superior en Ecuador. No solo la verbal, sino también la física y la psicológica pueden acabar con carreras y dejar grandes costos económicos a las universidades, aunque en la parte legal estas entidades siempre salen intactas.

Una investigación realizada en 16 universidades del país, difundida hace dos semanas, revela que una de cada tres mujeres ha sido víctima de agresiones y violencia de género en los centros de estudios superiores del país. En la investigación participaron 24.000 estudiantes y 4.500 docentes y personal administrativo encuestados.

El estudio denominado ‘De la evidencia a la prevención: Cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas’, fue elaborado por la Universidad San Martín de Porres de Perú, PreviMujer, y la Cooperación Alemana Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Arístides Vara-Horna, docente investigador de la USMP, asegura que los principales agresores en la universidad son otros compañeros, pero en segundo lugar están los docentes.

“Parte de la problemática es que pocas universidades tienen protocolos para denunciar el acoso o violencia del cual son víctimas; y en donde existen estas normas, las estudiantes las desconocen”, menciona en diálogo con EXPRESO, al dar a conocer más detalles sobre los resultados de esta investigación y qué medidas proponen para evitar que este problema siga presente.

Vara-Horna señala que las universitarias pierden 11 días al año cuando son agredidas por sus parejas y casi 13 días cuando la agresión viene de los profesores, personal administrativo o autoridades.

Sin embargo, agrega que la pérdida es mucho mayor cuando sufren, al mismo tiempo, ambos tipos de violencia, llegando a casi 29 días perdidos al año.

Pero la violencia también tiene un costo monetario que pocas veces se expone. “Las universidades de Ecuador asumen 68 millones de dólares indirectamente al año. Este valor surge debido a que este tipo de agresiones ocasiona que tanto estudiantes como docentes falten a sus actividades”, explica, al revelar que es la primera vez que se realiza una investigación de esta índole en el país.

La falta de protocolos apropiados crea un campo fértil para los casos de acoso y abuso que afectan a las estudiantes, mientras el Estado es criticado por su inacción.

Así lo hace conocer Deyanira Moreta Carvajal, del colectivo Sororas Violetas, quien señala que las universidades deberían adaptar un modelo de prevención integral. “No solo debe enfocarse en estudiantes, sino también en docentes y personal administrativo; no solo en mujeres, sino también en perpetradores”, menciona.

Y aquello es importante porque seis de cada 10 integrantes de la comunidad universitaria afirman que nunca han sido capacitados sobre violencia en la universidad.

La agrupación que ella lidera se creó en 2018 para apoyar el caso de Cristina Álvarez, quien fue la primera en iniciar un proceso de denuncia contra un docente por acoso sexual, en las instancias institucionales de una universidad de Quito, para luego llegar hasta la Fiscalía.

Su denuncia mostró que no era la única, que más estudiantes habían vivido similar violencia en otras universidades a nivel nacional.

“Nos encargamos de ofrecer acompañamiento psicológico y legal a las víctimas y de velar para que los protocolos de prevención en las universidades se cumplan, por lo menos en aquellas que lo tienen”, anota.

Ljubica Fuentes, fundadora y coordinadora de la Coalición Feminista Universitaria, dice que el Estado tiene una deuda en políticas públicas para prevenir y atender estos casos.

Por ello, manifiesta que se debe entregar a las universidades el presupuesto necesario para la ejecución de planes preventivos y capacitación de docentes. Ella recomienda conformar una coalición, pues a través de un trabajo en conjunto, las universidades pueden compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas para contrarrestar, finalmente, la violencia contra las mujeres.