La ausencia de una política pública de seguridad, el exagerado protagonismo político, las inadecuadas decisiones, la existencia y duplicidad de los sistemas de seguridad y control, la represión contra trabajadores informales y el desempleo galopante han desencadenado un aumento de la delincuencia y criminalidad. Es lo que considera César Cárdenas, del Observatorio de Servicio Ciudadano, ha desatado que “cualquier grupo” delincuencial se dedique ahora a la extorsión en la modalidad de ‘vacunas’ a pequeños, medianos y grandes negocios, incluso consultorios, farmacias, domicilios, conductores, tricimotos. 

No hay quien escape a este delito, lo que ha obligado a cerrar locales en algunos sectores como en La Alborada y mudarse a otra zona más segura, lo que resulta también difícil.

Es la modalidad delictiva que de a poco ha ido calando en Guayaquil. De enero a septiembre de 2022, la Policía había atendido 600 denuncias por el delito de extorsión solo en la Zona 8, pero la Fiscalía registraba apenas 44, en todo el país. En el mismo periodo, la Dirección Nacional especializada en la resolución de casos de secuestro y extorsión (Unase) de la Policía Nacional capturó a 200 personas a nivel nacional, por el delito de extorsión. 

Según el último reporte, han aprehendido a 17 personas implicadas en la modalidad ‘vacunas’, en la Zona 8, que también alcanza a funcionarios públicos como alcaldes, quienes, en algunos casos son amedrentados con artefactos explosivos. Entre la semana del 15 al 27 de septiembre de 2022, fueron detenidas 13 personas, en Guayaquil, presuntamente implicados en la aplicación de 'vacunas' en los sectores de: Malvinas, Esmeraldas Chiquita,

Dignidad Popular y en Naranjal.

El fiscal César Peña explica que a nivel de Fiscalía ese tipo de delitos está ingresando como intimidación, tipificado y sancionado en el articulo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya pena va de uno a tres años de prisión. En otros casos, se ingresa la denuncia como extorsión sancionado de 3 a 5 años; y varía con agravantes de 5 a 7 años de cárcel, dependiendo si la víctima es menor de edad, si es persona mayor o con discapacidad, todo depende la circunstancias y, en base a aquello, la Fiscalía realiza la investigación del tipo penal, la circunstancias. Para este tipo de delitos se delega a la Unase.

Para Cárdenas, hacen faltan medidas como la unificación de los sistemas de video vigilancia, para que no funcionen de manera separada; la unificación de labores de inteligencia incluyendo bomberos, guardias privados y policía. 

“Deben existir mecanismos de denuncia en la comunidad reservados que no impliquen tantos datos de identificación de los denunciantes para que la gente no tenga miedo en denunciar. Los políticos como la alcaldesa y candidatos deben dejar de usar la inseguridad como bandera política. Todos los candidatos a alcalde con representantes de las organizaciones y comunidades hagamos una gran mesa técnica de trabajo para buscar soluciones”, propone el veedor ciudadano.