A finales de junio de 2021, la Universidad de Guayaquil tiene previsto realizar la convocatoria a elecciones para designar al Consejo Superior Universitario, así como al rector y vicerrector académico.

Los comicios deberán desarrollarse a finales de julio; mientras que las nuevas autoridades deberán estar posesionadas antes de que concluya la intervención del alma máter, que se prolongó hasta el 31 de agosto por disposición del Consejo de Educación Superior (CES).

Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil (CIFI) y rector en funciones desde octubre de 2018, recordó que la convocatoria a elecciones deberá realizarse una vez que concluya el proceso de matriculación estudiantil, ya que se debe contar con el padrón electoral con el número de alumnos registrados.

La elección de las nuevas autoridades estaba prevista para diciembre pasado, pero el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, recomendó a las autoridades de la Universidad de Guayaquil suspender los comicios debido a la pandemia por COVID-19.

Paralelamente, el CES decidió prorrogar la intervención y decidió ratificar a los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) para que culminen la regularización de este centro de estudio.

Passailaigue recordó que solo dos puntos del plan de intervención no pudo cumplirse: la convocatoria a elecciones y el desarrollo de ese proceso que ahora será retomado a finales de junio.

A parte de eso, dijo que durante estos meses reactivará el concursos de méritos y oposición docente que fue suspendido; convocará a concurso de mérito para personal administrativo; realizará el análisis de la revalorización de algunos maestros; insistirá para que el Ministerio de Finanzas eleve el techo presupuestario de la universidad para pagar la liquidación de los jubilados que reclaman sus haberes desde el 2013; y velará por el funcionamiento académicamente del centro de estudios.

En octubre de 2018, el CES intervino a la universidad por una disputa que surgió en torno a quién debía subrogar el rectorado una vez que la Contraloría dispuso la destitución de Galo Salcedo. Primero lo hizo por un periodo de tres meses que terminó en enero de 2019. No obstante, esta se prolongó por 24 meses más que debía terminar el 9 de enero de 2021, pero se volvió a prorrogar hasta el 31 de agosto de este año.