Por unanimidad, el Tribunal Penal que conoció la acción de protección interpuesta por un grupo de vendedores informales en contra del Municipio de Guayaquil, la desestimó al considerar que no existió vulneración al derecho al trabajo de los demandantes. 

Además, reiteró las competencias exclusivas del Cabildo para regular el uso del suelo. La diligencia se reinstaló este sábado 18 de diciembre de 2021, en el complejo judicial Albán Borja, situado en el norte de Guayaquil, hasta donde acudieron decenas de comerciantes informales, formales y funcionarios del Municipio. 

“El Tribunal ha reconocido el derecho de los trabajadores formales a trabajar sin competencia desleal de aquellos comerciantes informales que quieren ubicarse de manera desordenada sembrando el caos en Guayaquil”, expresó el procurador síndico municipal, Cristián Castelblanco.

Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal y presidente alterno del COE Cantonal, recordó que están disponibles 1.000 puestos libres en la red de mercados municipales que pueden recibir a todo aquel comerciante que desee regularizarse. 

Paralelamente, se mantuvieron controles en la popular zona de la bahía y sus alrededores. Jaime Dávalos, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (CUuacme), recordó el sector y afirmó que desde agosto pasado se iniciaron operativos en este punto para "mantener el orden debido y las vías y aceras expeditas".