El silencio en torno a la tala antitécnica de árboles ocurrida hace dos semanas en la facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, ha destapado una serie de enredos. Estos van desde las inculpaciones entre directivos de la entidad, la falta de una ordenanza municipal que regule y sancione estos hechos, hasta los problemas políticos que se viven dentro de este centro de estudio superior que, desde octubre de 2018, está intervenido por segunda ocasión.

En la universidad más poblada del país (70.000 estudiantes), hasta ahora nadie asume la culpabilidad de un hecho que ha sido reprochado por la comunidad, no solo porque se trata de la tala de tres árboles y la poda de otro de manera agresiva, sino porque hasta ahora nadie sabe quién lo hizo.

Un informe preliminar sobre las investigaciones realizadas en este caso, señalan al decano de Arquitectura, Jhonny Burgos, como el responsable de la tala; pero este reitera que no tuvo nada que ver en el hecho, tal como lo publicó EXPRESO en su edición de ayer.

Cuando se le consulta a un docente o decano de alguna facultad sobre esta situación que afecta la imagen de la institución educativa, todos se excusan de dar una opinión, aduciendo que no quieren tener problemas con las autoridades ni compañeros. Y quienes sí lo hacen aclaran que no tienen responsabilidad en el asunto y que serán las investigaciones, que se están realizando, las que determinen a los culpables.

Los estudiantes sí se pronuncian, aunque algunos los hacen bajo el anonimato.

“Si no saben cómo ayudar a los estudiantes para que reciban las clases virtuales o se gradúen sin contratiempos, cómo pueden cuidar unos árboles”, cuestionó Rubén Perlaza, egresado de la facultad de Jurisprudencia, quien ayer estaba en las afueras de la universidad junto a otros compañeros exigiendo la entrega de las actas para poder graduarse de la carrera.

Otro estudiante dijo que desde el inicio de la pandemia la universidad parece que estuviera botada. “No entiendo cómo alguien puede entrar a la entidad a cortar los árboles sin ser visto por los guardias que están en la única puerta habilitada”, señaló otro estudiante.

Roberto Passailaigue, rector de la universidad y presidente de la Comisión Interventora para el Fortalecimiento Institucional (CIFI), menciona que como titular de la entidad no puede dedicarse a cuidar árbol por árbol de la ciudadela universitaria, ya que sus funciones le demandan cosas más grandes que hacer.

Señala que para eso están los decanos, así como los administradores de cada edificio.

“Quien quiera endilgarme responsabilidad en este hecho es porque está confabulado con todos los grupos de malandrines y corruptos que tienen interés de hacerle daño a la universidad. Nosotros haremos todo lo necesario, y sin direccionamiento de ninguna clase, para dar con los autores de la tala de árboles”, manifestó, al reconocer que hay ‘un peloteo’ entre quienes señalan culpables a unos y otros, sin que hasta el momento se haya terminado las investigaciones.

Y aunque Burgos insiste en no haber ordenado la acción y que solo acogió una consulta de los conserjes que se ofrecieron de buena voluntad para podar los árboles, desde ayer el decano dirigía la siembra de una variedad de plantas en cuatro jardineras que se han habilitado a un costado del auditorio de la facultad.

Esta tarea forma parte de un compromiso de remediación que firmó la semana pasada en la Comisaría Tercera Municipal, a la que fue citado para que explique sobre la tala.

“He asumido la responsabilidad porque la facultad no puede quedar en entredicho con la sociedad. Voy a recompensar con excedente a través de la siembra de jardineras”, anota, al dejar en claro que su tarea no es cuidar los árboles, sino coordinar las actividades académicas. También atribuye este hecho a situaciones políticas que se viven en la universidad.

Pero la polémica salpica, además, a las autoridades municipales responsables del cuidado de las áreas verdes.

Ayer, a través de un comunicado de prensa, el Municipio anuncia que trabaja en el borrador de la ordenanza que proteja la arborización urbana, pero no indica qué sanciones se impondrán a quienes incurran en esta acción.

En la normativa técnica nacional para la conservación, uso y manejo de los árboles en zonas urbanas, aprobada por el Ministerio del Ambiente, se exige la plantación de mínimo 10 árboles por cada árbol talado.

EL DETALLE

Inventario. El Municipio pedirá a la universidad un inventario de los árboles de la ciudadela. Muchos de ellos son añosos y corren el riesgos de caerse