Cynthia Fernanda Viteri Jiménez, alcaldesa de Guayaquil, ha estado envuelta en un torbellino de cuestionamientos en los últimos días. La polémica más reciente obedece al desplazamiento que tuvo a una reunión en Quito con un vigoroso equipo de cerca de 100 camionetas y agentes, cuya actuación ya está en el ojo de la Contraloría.

Pero la funcionaria ya tiene abiertas cuatro investigaciones que se siguen en su contra, por parte de la Fiscalía. Tras un pedido de EXPRESO, la entidad precisó que dos son por peculado, una por obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias (bloqueo de la pista de aterrizaje en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo) y otra por delitos contra el agua.

Ayer se tenía previsto que Viteri rinda su versión en el caso de presunto peculado que se investiga acerca de las contrataciones de servicios de aromaterapia que adjudicó el Municipio por casi medio millón de dólares en total en 2019, el último año de gestión de Jaime Nebot e inicio de su periodo.

El estado en que se encuentran las pesquisas, cuyas fechas de registro son durante el 2021, es la investigación previa. Y en todas la funcionaria figura como sospechosa.

En el caso del bloqueo de la pista en la terminal aérea, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) colocó camionetas para impedir el aterrizaje de un avión comercial que venía a la ciudad por ayuda humanitaria, para trasladar a extranjeros a sus países de origen.

Eso ocurrió el 18 de marzo de 2020, pero recién la institución lo registró el 8 de julio de 2021. Es decir, esta indagación está por cumplir un año y la lleva la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

El incidente del delito contra el agua se dio el 12 de junio de 2020 y la pesquisa se puso en marcha cinco meses después, el 20 de enero de 2021.

Mientras que una de las investigaciones por peculado ingresó a la Fiscalía el 26 de abril de 2021, y la otra el 19 de noviembre de ese mismo año. La primera responde a los contratos municipales del pintado de paredes (Letras Vivas) y de limpieza. Este último lo dio a conocer este rotativo.

Para Charles Moreira, magíster en Derecho Procesal, las investigaciones previas tienen una duración de un año, pero este tiempo se puede prorrogar, siempre que se justifique, cuando la “investigación tiene cierta reserva dependiendo de la materia, pero en caso de peculado esta reserva no es del todo hermética”.

Explica que por este tipo de hechos se suelen alargar, o por cuestiones que hayan quedado pendientes. “A veces existen informes por presentarse, pruebas de descargo presentadas por algunas de las partes que no se han evacuado. Y si el fiscal considera que necesita mayor tiempo para la investigación, la puede prolongar un tiempo de seis meses adicionales”, recalca Moreira, al añadir que si esa dilatación es de dos o más años depende del criterio del fiscal.

En el caso de peculado, el abogado recalca que este delito tiene una pena superior a cinco años y tiene una duración de investigación de dos años. “Pero se puede solicitar su reapertura considerando que es imprescriptible”.

• Exconcejala se excusa

Tras un pedido de entrevista que hizo este Diario, la exconcejala socialcristiana Dunia Campos, cuya empresa ganó dos contratos del Municipio de Guayaquil por servicios de aromaterapia, se limitó a responder, a través de un e-mail, que “en la ejecución del contrato se cumplieron con todas las formalidades establecidas en la ley (...) y que no existe delito alguno”.