Tienen 11, 13 y 14 años. Son niños, pero sus rostros denotan amargura, miedo, desesperanza, aunque ellos dicen que es “normal”. Entre sonrisas aseguran que no se asustan cuando las balas zumban por sus cabezas en momentos que están en clases o están en sus casas; es “normal”, repiten, mientras unos a otros se hacen bromas camino a otro sector de la ciudad para hacer deporte, porque en Socio Vivienda 2 perdieron eso y más.

Desde hace tres días, una incertidumbre ronda por la mayoría de habitantes del plan habitacional ubicado en el noroeste de Guayaquil, tras las balaceras que se registraron desde la noche del miércoles 31 de agosto, una de las cuales quedó grabada en un video que se hizo viral en redes sociales; y, por lo cual se ha desplegado un contingente militar de 1.800 efectivos, provenientes del Grupo de Tarea n.° 2 Loja, de Riobamba, Latacunga y de Fuerzas Especiales. Esto, en respaldo a las labores que realiza la Policía Nacional y en operaciones conjuntas con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Ayer, eso dio un respiro a quienes quieren vivir en paz en el sector, que forma parte del Distrito Nueva Prosperina, considerado ahora el más violento de la ciudad, y de la Zona 8 (incluye Durán y Samborondón).

“Los chicos deportistas son los que más sufren... Ellos viven en permanente zozobra”, cuenta un morador, quien prefiere no dar su identidad, como el resto que cuenta la situación y que ha obligado a cerrar las puertas no solo de la escuela y colegio del sector, sino también las que son el semillero del fútbol. “Se suspendieron las clases por quince días, por seguridad de los chicos”, acota el morador, en medio de un grupo de adolescentes que se trasladaban a otro sector para hacer deporte y evitar ser parte de ese círculo de violencia.

Una violencia o enfrentamiento armado que, a decir de una fundadora de Socio Vivienda, resurgió tras la supuesta detención de uno de los integrantes de la banda de Los Lobos, quienes responsabilizan al grupo contrario de Los Tiguerones de ser los culpables de esa captura. “Son malentendidos que los ponen a pelear entre ellos y llevan por delante a toda una comunidad. Nos hacen quedar mal. Ahí vivimos gente honesta que queremos el bien”, cuenta doña Mercy, al rescatar las mesas comunitarias que se arman y la ayuda que reciben de instituciones, especialmente de fundaciones que brindan asistencia psicológica a los vecinos y dan talleres de emprendimientos a menores de edad y madres, que son los más golpeados en esta lucha de poder entre bandas delictivas, por el microtráfico de drogas.

Pero esas acciones quedan ensombrecidas por la ‘lluvia’ de balas que enfrentan, particularmente en la etapa La Barraca y en el sector conocido como la ‘Cueva de los Negros’, dice la vecina.

“Antes era más peligroso, en el sentido de que robaban más. La cogían, la tiraban al piso, le enterraban el cuchillo, pero ahora la banda Los Tiguerones no quieren que roben; sin embargo, Los Lobos siguen haciéndolo... A ellos no les importa nada, incluso se enfrentan con militares...”, cuenta una moradora, quien refleja en su voz el temor con el que viven día a día a merced de los dos grupos armados a los que ni la Policía ha podido ponerles freno desde 2015, en que comenzaron a ejecutarse intervenciones en el sitio, sin la socialización de la comunidad, como así lo aseguran sus habitantes.

“La policía tiene miedo”, sostiene una moradora, quien señala la fachada de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector que fue baleada a fines de abril de este año, y cuyos orificios siguen en los ventanales que aún no han sido cambiados, en medio de las cercas que se han colocado afuera de la unidad, donde el deterioro es evidente en el tumbado, las paredes y el mobiliario.

Por esa situación de violencia, Roberta (nombre protegido) lamenta que las clases escolares sigan suspendidas. “No sabemos hasta cuándo, pero las balaceras no son de ahora. No hay horario, día, ni fecha. A veces, vamos a recoger a los niños al mediodía y se arma el tiroteo, uno tiene que correr donde sea para salvarse”, cuenta la madre.

La presencia militar le permitió a ella y a sus vecinos salir con más tranquilidad, pero ya pensaban cuando llegue la noche. “Esto a las siete es desolado. La gente corre a comprar rápido y se encierra, las tiendas también cierran”, relata un morador.

El coronel de estado conjunto Marcelo Andino, comandante del Grupo de Tarea n.° 2 Loja, y quien es parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas, detalló que en la Zona 8 se han desplegado aproximadamente 1.800 efectivos. Él está encargado del sector de Pascuales y Nueva Prosperina. En la madrugada se desplegaron varias intervenciones en apoyo a la Policía, en Socio Vivienda 2, “considerado un lugar bastante crítico dentro del análisis que hace la Policía Nacional”, señala. Producto de ese apoyo, lograron la detención de tres personas, en posesión de armas de fuego, municiones y sustancias sujetas a fiscalización, como también lo informó la Policía.

“Nosotros vamos a estar aquí de manera permanente en este sector, mientras dure el estado de excepción... posteriormente, el Comando Operacional No. 2, conjuntamente con las unidades que se encuentran acantonadas en Guayaquil, continuará en este despliegue de seguridad conjuntamente con la comunidad”.

Otra de las acciones que emprendieron fue el retiro de 14 rompevelocidades, para tener una mayor flexibilidad y realizar los allanamientos.

Billy Navarrete, del Comité Permanente de Derechos Humanos, considera “indispensable, imperativo y urgente, desarrollar operaciones más efectivas que logren desmontar esas organizaciones criminales”.

“Es indispensable que el Gobierno nacional convoque a asambleas abiertas para diseño de una respuesta integral y focalizada, por ejemplo, en lo que está pasando en Socio Vivienda 2, por los niños, por ser grupos de atención prioritaria. Debe agotarse de manera urgente, rápida y directa una serie de acciones”, considera. Doña Mercy añade que se debe hacer un verdadero censo en la zona, para retirar a quienes se han apoderado a la fuerza de decenas de viviendas, y que serían los que arman la violencia en el sector.