El pedido ciudadano fue literalmente escuchado. Tras las publicaciones de EXPRESO en torno a que la armonía se rompe en urbanizaciones y sectores comerciales de La Puntilla (en Samborondón) debido al exceso de ruido, el Municipio local aprobó una ordenanza que apunta al control de esta problemática.

Residentes y trabajadores de este territorio, donde la plusvalía es alta, aplauden y concuerdan en que “ya era tiempo” de dar este paso, pero lo que más anhelan es que se    cumplan la vigilancia y las sanciones del caso. No quieren que quede en una ley muerta.

Así opina Carlos Arcos, residente de una de las urbanizaciones que se levantan en la vía a Samborondón y quien espera respuestas. “¿Cómo actuamos? ¿Cómo se sancionará? Esto debería ser como las leyes de tránsito: si me paso de la velocidad permitida, me cae una sanción”, argumenta el ciudadano, al sugerir que la Policía Metropolitana debe estar al frente de las inspecciones.

También recomienda que la entidad divulgue algún número para llamar a denunciar en caso de que un vecino bullicioso haga de las suyas o por las famosas parrandas hasta el amanecer, y que les roban el sueño a más de uno.

“Por esto es necesario que ya se reúnan con los administradores de las urbanizaciones y así se acuerde en un sonido acorde, que no interrumpa al resto”, puntualiza.

Su vecino Juan Vásconez concuerda con él, aunque advierte que la contaminación acústica continúa en su entorno, por lo que abriga la esperanza de un acuerdo entre los administradores y que cada residente ponga de su parte para una convivencia tranquila.

Una medida para favorecer a ello es eliminar el uso de los parlantes en las áreas sociales debido a que, afirma, disparan altos sonidos sin importar el descanso de la comunidad de los alrededores.

EXPRESO revisó la norma, que consta de 30 artículos y determina que de la regulación, control y sanción de las fuentes fijas y móviles de ruido, se encargarán las comisarías y la Policía Metropolitana.

También incluye el ruido generado por los centros de diversión, planteles educativos, así como los provenientes de alarmas. Es decir, la normativa será aplicable en la jurisdicción a toda actividad industrial, comercial, artesanal, individual, domiciliaria y de servicios.

Se estableció además que los niveles máximos permisibles están fijados en función de la zona, según el tipo de suelo y horario. En el caso de denuncias o mecanismo de monitoreo, seguimiento y control de rutina, en diferentes establecimientos, se presentará un “plan de acción”, para mitigar y controlar los niveles de ruido, dentro del término de diez días contados desde la respectiva notificación.

Entre las quejas que más se multiplican, tanto por residentes como por trabajadores de esta zona, está la del excesivo ruido que se dispara de los altoparlantes. Ante esto, en la norma se estableció que si estos son utilizados como mecanismos de publicidad o en eventos, su utilidad solamente será en el interior de los locales, en horario de 10:00 a 18:00.

En el área rural, en cambio, podrán usarse altoparlantes de 18:00 a 20:00 en casas comunales, capillas, con fines de comunicación alternativa y por temas de seguridad cuando se requiera. En las cabeceras urbano-parroquiales, los demás inmuebles se sujetarán a la normativa vigente del cantón.

Sobre las sanciones se estipula que cuando la actividad supere el rango de 5 a 10 decibeles de los límites establecidos en la normativa ambiental vigente, sin perjuicio de que se requiera la presentación del plan de acción, será sancionada con una multa del 10 % al 50 % de una remuneración básica unificada, que actualmente es de 425 dólares.

Pero si hay negativa, resistencia u obstrucción a la acción inspectora, habrá sanción de 5 a 20 remuneraciones básicas y se dictaminará la clausura definitiva del local. Y si hay reincidencia de las infracciones, se sancionará con la clausura indefinida de la actividad, hasta que se remedie la acción u omisión.

Aunque la normativa recién fue aprobada por el Concejo Municipal, esta todavía no se encuentra en el Registro Oficial. Y es por esto que la ciudadanía anhela que haya agilidad, para que de una vez por todas se ponga en marcha lo que está estipulado en el papel.