En Puerto Ayora, la ciudad más poblada de la provincia de Galápagos, el agua que llega a las viviendas y locales comerciales y turísticos sigue siendo salobre y no apta para el consumo humano.

Se extrae de acuíferos subterráneos de esta isla de origen volcánico. Es una mezcla de aguas lluvias y del mar, de minerales y contaminantes antrópicos. El suministro está limitado a solo dos o cuatro horas al día, por lo que los residentes deben almacenarla.

“Las grietas de donde se obtiene el agua están interconectadas con los pozos sépticos y, evidentemente, se contaminan y, finalmente, el agua que llega a las casas no es potable y seguimos comprando agua en botellones”, sintetiza Jairo Gusqui, presidente de la Junta Ciudadana de Santa Cruz, consultado telefónicamente.

En una ciudad por donde pasan unos 200.000 turistas al año (según cifras del Consejo de Gobierno de Galápagos), la falta de agua potable no es solo un problema comunitario que causa infecciones intestinales, alergias de la piel o un cabello intratable a sus habitantes.

“Hay pasajeros del exterior acostumbrados en sus países a tomar agua del grifo. Y hay que estar diciéndoles que aquí no se puede hacer eso, que no beban el agua de la llave”, relata Rubén Montalvo, propietario de un hostal en Puerto Ayora.

“Un turista que ingiere el agua y sufre una infección se queda en el hotel y suspende toda su agenda de recorridos y posibles consumos”, agrega.

Por todo ello, contar con agua potable es un antiguo reclamo de sus 20.000 habitantes, que en cada época electoral lo reciben como fija oferta de campaña que se queda en eso o en proyectos inconclusos.

Solo en este siglo, en 2001, el gobierno de Gustavo Noboa sacó a licitación internacional un concurso para dotar de agua potable a las principales islas; esa obra fue adjudicada en el régimen de Lucio Gutiérrez, pero de allí no avanzó. La administración de Alfredo Palacio lo retomó, pero no lo concretó.

Las islas San Cristóbal, Isabela y Floreana, con una población menor, tenían agua potable desde 2013. Pero Puerto Ayora lleva ya seis años agregados a su espera sin fin.

En 2016, en una ‘sabatina’ en la isla, el presidente Rafael Correa anunció que Santa Cruz empezaba a recibir agua potable “por primera vez en su historia”. El proyecto, previsto inicialmente para 2014, consistía en captar agua de grietas cercanas y, mediante un proceso de ósmosis inversa, desalinizarla y potabilizarla.

“Es una historia larga, ha sufrido bastantes tropiezos en estos años: políticos que lo han usado como oferta de campaña, demandas contra la contratista. Y aún está en ejecución”, resume a EXPRESO el periodista local Daniel Montalvo.

En 2019, un mes después de asumir el cargo, el alcalde Ángel Yánez publicó un diagnóstico de cómo había hallado el municipio, incluido este tema. Señaló que el monto inicial de 18,5 millones de dólares había ascendido a 23,7 millones por contratos complementarios. Y que la planta no estaba funcionando por daños de tuberías y que el sistema requería la interconexión de las redes, una obra no prevista en el contrato.

Yánez dice haber avanzado la obra hasta un 80 % y espera concluirla. Para ello necesita que el Gobierno -que aduce iliquidez fiscal y le debe mil millones de dólares a los municipios- le entregue 4 millones de dólares para los contratos complementarios.

Es decir...

UN PROYECTO DE LA EMPRESA DE AGUA: CONTAR CON ENERGÍA SOLAR

La empresa pública de agua potable y alcantarillado sanitario de Santa Cruz tiene un proyecto para reducir el consumo de energía eléctrica de combustible fósil y reemplazarla por energía solar.

La gerenta Diana Ulloa dice a EXPRESO que la iniciativa tiene varios propósitos. Entre ellos, ser consecuente con el contexto ambientalista de Galápagos; y reducir la factura mensual de electricidad de la empresa, que promedia los 20.000 dólares.

Consiste en adquirir 240 paneles solares y colocarlos en espacios y techos de sus dependencias para producir al menos el 20 % de la energía que consume la planta y volver el proceso más sostenible y amigable con la naturaleza.

La idea está participando en un concurso del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene un costo estimado de 100.000 dólares. La empresa espera no solo obtener el fondo para su propuesta, sino la capacitación y la asistencia técnica que da esa entidad.

La empresa maneja la proyección de que en 20 años la población de Puerto Ayora podría triplicarse, lo cual supondrá un aumento de la demanda de agua y la necesidad de tener un sistema sostenible de extracción y potabilización.