Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, ha sido demandada por el Observatorio Ciudadano para Vigilar la Transparencia en la Función Pública. El organismo, que toma como referencia diferentes artículos de Diario EXPRESO, interpuso la querella el viernes 5 de agosto en la Fiscalía La Merced en contra de la funcionaria, por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado.

Pero la acusación no llegó sola. Paralelamente, decenas de ciudadanos se concentraron fuera del edificio, en el centro, portando pancartas con leyendas que decían, por ejemplo, “Cynthia, te queremos... pero lejos de Guayaquil”, “¿Piscina con olas? Tenemos prioridades”, o gritando al unísono “¡Fuera, Cynthia, fuera!”.

Después de entregar el oficio, Joselito Argüello, coordinador del Observatorio, señaló que continuarán dándose plantones similares y que esta acción obedece a que “EXPRESO ha hecho noticia de la posible comisión de estos delitos, y que tendría que ver con el círculo cercano de la alcaldesa (...) incluso en el tema de las vallas publicitarias”.

“Queremos que un proceso de transparencia de la Fiscalía informe a la ciudadanía cuáles son las actividades investigativas que realiza para tener la seguridad de que los fondos públicos no están siendo despilfarrados de la manera en como se hace contar en sendas publicaciones”, precisó Argüello, al recordar que el hecho no responde a un tema político.

¿Qué sigue después de la denuncia? El abogado recordó que esperará a que los llamen para reconocer la misma y que deben seguir tres acciones; pero al referirse a la normativa legal, precisó que esta tendría una duración de dos años. “Debe ser pasado de manera inmediata a la Fiscalía Provincial del Guayas y me imagino que le informará a la fiscal general para que haga algo”, acotó.

La administración de Viteri, que se inició en 2019, hasta el momento lleva cuatro investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía General del Estado. Así como publicó este Diario, la entidad detalló que dos son por peculado, una por obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias (bloqueo de la pista de aterrizaje en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo) y otra por delitos contra el agua.

Estas indagaciones, de acuerdo con la Fiscalía, se encuentran en la fase de investigación previa. Es decir que gozan de reserva, según lo dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 584.

Precisamente, EXPRESO conoció que la funcionaria ha sido llamada para las 10:00 del próximo martes 9 de agosto nuevamente, para que rinda su versión en torno al caso Aromaterapia.

La investigación previa es por el presunto delito de peculado y es solicitada por la Fiscalía de Babahoyo. Se detalla que se ordena la comparecencia de la alcaldesa, a fin de “rendir una ampliación de su versión sobre los hechos que se investigan”.

Esta deberá estar acompañada, continúa el texto, de un abogado de su confianza. La diligencia será llevada a cabo en el edificio de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, en la calle Eloy Alfaro, entre 10 de Agosto y General Barahona.

El 6 de junio anterior este Diario informó que la funcionaria fue convocada para que rinda su versión, en calidad de sospechosa, en este mismo caso sobre las contrataciones de servicios de aromaterapia que adjudicó el Municipio por casi medio millón de dólares en total en 2019, el último año de gestión de Jaime Nebot e inicio del periodo de Viteri.

En el pasado discurso por la fundación de Guayaquil, Viteri se refirió a las investigaciones que se siguen en su contra. En la tarima de la sesión solemne dijo que la Contraloría emitió sus informes “dejando en claro la transparencia de los procesos” y que, luego de ello, “solo quedaba el archivo como dice la ley”. “¿Saben qué hicieron? Mandaron esos procesos a Los Ríos y Pichincha distrayéndome ilegal e inconstitucionalmente de mi jurisdicción y mi fuero legal...”.

Pero también hay otras polémicas actuaciones de Viteri que están en el ojo de la Contraloría (ver subnota adjunta). Una de ellas responde al desplazamiento que tuvo a una reunión en Quito, en junio anterior, con un nutrido equipo de cerca de cien camionetas y agentes.

• Sobre la polémica movilización de patrulleros y funcionarios hacia la ciudad de Quito, la Contraloría reveló a EXPRESO que se aprobaron tres verificaciones preliminares, que recomendaron la ejecución de tres exámenes especiales al Municipio, la Corporación para la Seguridad Ciudadana y la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad. La entidad subrayó que se analizará la “utilización de los recursos públicos, la administración, registro y uso de los vehículos”.