Familiares de pacientes renales y empleados de los centros de diálisis de las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí, realizaron un plantón este viernes 26 de junio, para pedir que el Ministerio de Salud Pública (MSP) cancele la deuda que tiene pendiente, desde el año pasado, con los locales en donde reciben tratamiento. La deuda suma cerca de $ 85’000.000.

“Ya no tenemos insumos para seguir trabajando”, “MSP pague lo que adeuda a los centros de diálisis”, eran los mensajes que rezaban en los carteles que los manifestantes levantaron en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara (antiguo Makro), donde funciona la coordinadora zonal 8 del MSP:

Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis de las zonas 4, 5, 7 y 8, indicó que ya no hay insumos para atender a los usuarios. “Se está ocupando las últimas reservas y lo que hay en bodegas se está terminando”, dijo la vocera, al indicar que son 14.500 vidas las que están en riesgo.

“Nosotros seguimos dándoles los tratamientos, pero debido a la falta de pago a nuestros proveedores, algunos ya nos han cerrado los créditos y nos han dejado de despachar los insumos. La situación es compleja y eso nos preocupa”, precisó Freire, al hacer un llamado a las autoridades de Salud y Finanzas a que actúen y respondan antes de que un paciente pierda la vida.

Los centros de diálisis deben varios meses de sueldo a la gente de allí trabajan. “No podemos hacer préstamos en bancos porque debemos dinero. Pedimos que por favor nos ayuden”, mencionó Lenin (omitió su apellido por temor a represalia), representante de los empleados, quien tenía en sus manos una alcancía con la que -según dijo- realizará una colecta para ayudar a sus compañero que no reciben sus haberes.

“No se puede comprar productos para las diálisis; tampoco hay insumos de bioseguridad como mascarillas, guantes, zapatones, batas y otros”, alertó Lenin.

En los centros de la zona 4, 5, 7 y 8 se atienden entre 800 y 1.000 pacientes con insuficiencia renal que se verían afectados si se suspenden los servicios de diálisis, que es un tratamiento médico que consiste en eliminar las toxinas de la sangre.

La insuficiencia renal es una enfermedad catalogada como catastrófica en el artículo 50 de la Constitución, por ende, el tratamiento debe ser gratuito y lo cubre el Estado.