Paraderos y rótulos, otro negocio privado

Cada panel publicitario genera $ 9.600 al año para la empresa que los maneja. El Municipio recibe una regalía anual de $ 800

30 sep 2019 / 00:00

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) asegura que los rótulos publicitarios, que obstaculizan algunas aceras de Guayaquil, permiten que los ciudadanos tengan acceso al servicio de paraderos inteligentes, “sin que eso le cueste un solo centavo a la ciudad”.

El discurso viene repetido y tiene la misma receta que usó la ATM para instalar parquímetros y construir la aerovía. El porcentaje mayoritario de utilidad de la publicidad generada por los rótulos va para la empresa privada. Así lo devela el estudio de factibilidad financiera que la compañía JCDecaux analizó antes de firmar el acuerdo con Guayaquil.

Se trata de un contrato en el que la empresa se adjudica la construcción y administración de 260 paraderos de los corredores 1 y 2. Estos espacios techados de acero inoxidable cuentan con wifi, sistema inclusivo como lenguaje braille para personas con discapacidad visual, información de recorridos de líneas de la transportación pública y limpieza permanente.

Esos paraderos tienen tótems y paletas publicitarias que facilitan su administración y cuyos ingresos son analizados en el estudio de factibilidad financiera al que hace referencia este reportaje.

El documento plasma los escenarios económicos para la infraestructura inaugurada en 2018, y sostiene que con la alianza habrá un ingreso por publicidad, por cada paleta publicitaria, de $ 9.600 al año (400 dólares por mes, por cara). De esa cifra, el Municipio de Guayaquil recibe una regalía de 800 dólares por cada paleta al año, el mismo valor que gastan los franceses en costos de operación y mantenimiento anual por cada paradero.

EXPRESO envió preguntas sobre la situación actual de la comercialización de las publicidades y otros temas que atañen a este artículo, pero hasta el cierre de esta edición, como ha ocurrido con otros temas, no hubo respuestas.

El contrato de Alianza Estratégica para llevar a cabo los diseños definitivos, construcción, montaje, desmontaje, mantenimiento, financiamiento y operación del mobiliario urbano-paraderos contempla un ingreso anual de 370.575,97 dólares. Esto solo para el área de los corredores 1 y 2.

Son 1.055 metros cuadrados de exposición publicitaria ofertada. Esa cifra, tras 15 años de acuerdo, generará un ingreso de $ 6,4 millones. Con $ 2 millones de inyección inicial, la francesa JCDecaux, cumplido el contrato, habrá triplicado su inversión.

El estudio contempla estas cifras con un estimado de 75 % de ocupación publicitaria al año, y estipula que la rentabilidad del aliado es altamente sensible al porcentaje de publicidad vendida. “Así, por ejemplo, si la publicidad vendida es superior al 75 %, los rendimientos mejoran ostensiblemente, pero si disminuye al 70 %, la rentabilidad desaparece”, establece el documento.

El estudio dice que Guayaquil generará una rentabilidad total del 20 % por el uso del espacio público para la publicidad que venda la empresa. Aquello no está fuera de los parámetros de este tipo de alianzas, aunque generalmente se aspira a que la empresa pública que rentabiliza esos espacios reciba el 30 %. Eso no se da en Guayaquil, observa el planificador urbano Franklin Villamar.

Sin embargo, si, como en este caso, es una única empresa la que se lleva el 80 % de la rentabilidad, es mucho, analiza este especialista, quien tiene experiencia en las direcciones de urbanismo de Durán y algunos cantones de Manabí.

José Núñez, exdirector municipal de urbanismo de Guayaquil, defiende el modelo de gestión y explica que delegar al sector privado especializado la inversión de infraestructuras, mantenimiento y la prestación de cualquier servicio público por su cuenta y riesgo, evita invertir y reduce la necesidad de aumentar impuestos.

Coincide con él Emmanuel Ospina, especialista en diseño vial e investigador de temas urbanos en la Universidad EAFIT, de Medellín. Las concesiones del espacio público son normales y bastante útiles para liberar la carga de los municipios, que tienen capacidades limitadas; pero aclara que las negociaciones pueden manejarse mejor de forma, con miras a un beneficio colectivo.

“Hay que tener cuidado con las cláusulas de cada concesionario y su cobertura. En muchas ciudades de América Latina, los sistemas de bicicletas públicas, pagados con publicidad en sus estaciones, se encuentran bloqueados porque otro concesionario, por ejemplo el de los paraderos, tiene un área muy grande para su uso exclusivo”, describe.

Eso fue lo que ocurrió en Guayaquil. EXPRESO publicó una nota hace días que recogía las críticas de ciudadanos y urbanistas por la invasión a las aceras de los rótulos de JCDecaux. Los usuarios alegaban que, en algunos casos, estos no permiten caminar a más de una persona a la vez (“hay que bajar a la calzada”) y, en otros, no cabe una silla de ruedas.

La culpa es del contrato. El acuerdo de la ATM y el Municipio con los franceses garantiza al aliado la libre explotación de publicidad en los mobiliarios urbanos y el derecho exclusivo de instalar y explotar todo tipo de soportes publicitarios en el dominio público. Según ese acuerdo, el área visible destinada a publicidad es máximo de dos metros cuadrados por cara de cada paleta publicitaria.

En una ciudad que tiene aceras estrechas, irregulares y hasta incompletas, esto es opuesto a lo correctamente urbanístico. De hecho, la norma INEN de accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico y la Guía de Accesibilidad Universal dentro de la Norma Ecuatoriana de la Construcción establecen que en las aceras deben quedar libres 1,6 metros.

Ya lo dijo también el presidente de la Organización Mundial de Parques Urbanos, Guillermo Peñalosa, quien la semana pasada estuvo de visita en Guayaquil, precisamente para asesorar al Municipio en temas urbanos. “La obstrucción de veredas es una completa estupidez”.

La ATM afirmó en un comunicado anterior que en la alianza estratégica se aplica la Décima Tercera Reforma a la Ordenanza Municipal para la instalación de rótulos publicitarios, y reconoció que la autorización de la colocación de los rótulos no pasó por la Dirección de Uso y Espacio de Vía Pública, que preside Efrén Baquerizo.

El proyecto de paraderos supuestamente tiene el sustento del ‘Estudio de Reorganización del Sistema de la Transportación de la ciudad de Guayaquil’, que la entidad contrató con expertos en transporte y movilidad, basado en función de la demanda del servicio por parte de la ciudadanía. “En caso de que una de estas paletas genere conflictos reales para el peatón, la autoridad realizaría la debida inspección y aplicaría los correctivos necesarios”, promete la entidad.

Los hechos demuestran descoordinación total

Paraderos y rótulos, otro negocio privado

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil ejecuta el proyecto ‘La ciudad de hoy y su accesibilidad universal’, un verdadero reto frente a rótulos publicitarios que ocupan casi toda una acera, una regeneración urbana que no facilita la movilidad inclusiva y los puentes seudopeatonales existentes.

La arquitecta Liliana Carbonell cree que existe una descoordinación entre las distintas áreas municipales. “No manejan un mismo lenguaje”, explica. “Lo que hace la ATM, por ejemplo, boicotea todas las buenas intenciones del proyecto que preside la concejala Luzmila Nicolalde”.

Carlos Jiménez, experto en movilidad, coincide con ella. Guayaquil no tiene un estándar homologado para el diseño de veredas y espacios públicos. Y aunque hay ordenanzas que tratan el tema, no se respetan.

Por su parte, la especialista en urbanismo sostenible y activista por el derecho del peatón Isabel Escobar dice que si la ATM interviene en el espacio público, debe hacerlo con el control y vigilancia del Municipio, pues siempre debería haber una institución que supervise estas obras. “Si están trabajando articuladamente en esto, lo que ha ocurrido con los rótulos es un error de ambas instituciones”, indica.

Franklin Villamar, experto en planificación, explica que dentro de las empresas públicas, los alcaldes o son parte del directorio o poseen representantes. Hay pleno conocimiento de las actividades que se realizan. Desde su lectura, lo que hubo y hay en Guayaquil es una pésima aplicación del modelo de negocio con responsabilidad compartida.

Al respecto, el experto en urbanismo Felipe Huerta, que trabajó muchos años en el Municipio de Guayaquil, argumenta que lo que la ciudad tiene no es un modelo de gestión, sino una gestión modelada para beneficiar exageradamente a los empresarios, con el consecuente perjuicio económico y físico-espacial a los derechos de la urbe y sus habitantes.

La ATM no habló del contrato

Paraderos y rótulos, otro negocio privado

Pregunta 1: El estudio financiero sobre las paradas sostiene que se aspiraba a tener ingresos anuales por publicidad, en cada paradero, de $ 9.600, de los que el Municipio cobraría solo $ 800 por año. ¿Se mantiene ese rubro?

Pregunta 2: ¿Qué ingresos ha percibido la empresa encargada de la administración de los rótulos publicitarios en los paraderos desde que entró en operación?

Pregunta 3: De ese rubro, ¿qué porcentaje ha retornado a la ATM?

Pregunta 4: ¿De qué manera se invierte el rubro que corresponde a las regalías municipales?

Pregunta 5: ¿Cuál es el universo de vallas/paraderos existentes hoy?

Pregunta 6: El estilo de los paraderos ha sido criticado por el espacio que ocupan. ¿Hubo coordinación con el Municipio para garantizar no obstaculizar al peatón y personas con movilidad reducida?

Pregunta 7: EXPRESO conoce sobre letreros que obstaculizan la movilidad y, por lo tanto, incumplen leyes como la ley orgánica de discapacidad. ¿La empresa deberá resarcir estos daños?

Pregunta 8: Según la norma, 60 cm es lo mínimo para el equipamiento, pero la acera debe tener un ancho mínimo o superior a 1,60 m. ¿Conoce el cabildo y la ATM que esto no se cumple?

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

TAGS:
A LA CARTA