La reanudación de actividades educativas en Guayaquil se volvió una medición de fuerzas entre el Gobierno central y el Municipio. En los hechos, se impuso el Cabildo, que clausuró tres establecimientos por no acatar su decisión de suspender las clases presenciales por 30 días; pero en lo legal, según le recordó el Ministerio de Educación y lo ratifican juristas consultados por este Diario, no tiene la competencia para ello.

La confrontación se inició el fin de semana con los anuncios opuestos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y el COE Cantonal. El primero resolvió la reanudación de clases presenciales voluntarias desde este lunes 24, al considerar que la situación epidemiológica ha empezado a remitir. Pero el segundo reiteró la decisión de que las clases en esta ciudad seguirán suspendidas por 30 días, debido a la gravedad de la pandemia y el riesgo de ello para los niños y adolescentes.

Así, al colegio Guayaquil acudieron a primera hora de ayer autoridades del Gobierno y del Municipio, los primeros para presidir la inauguración de la jornada de clases y los segundos para impedirlo o sancionar al establecimiento educativo si eso sucedía. Al final, ambas cosas ocurrieron.

La ministra de Educación. María Brown, en su intervención y en declaraciones a los medios, recordó que la reanudación de clases era una decisión adoptada por el COE Nacional y esa cartera de Estado, que son las entidades que tienen competencia para ello.

Consultado al respecto, el director municipal de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez, alegó que el COE cantonal había tomado la decisión en función de la realidad del cantón y para proteger a los estudiantes de posibles contagios.

No obstante, juristas consultados coinciden en que si bien el fin que dice perseguir el Municipio es válido, en lo legal no tiene la competencia para decidir sobre las clases.

El abogado constitucionalista y exlegislador, Henry Cucalón, recuerda que, en un Estado de derecho, las personas y las instituciones solo pueden hacer lo que está permitido.

Cita el capítulo de la Constitución que se refiere al régimen de competencias y, dentro de ellas, a las exclusivas. “Y la educación es una competencia exclusiva del Gobierno central. Está en el artículo 261 de la Constitución”, precisa.

En ello coincide el abogado constitucionalista y catedrático de Derecho, Diego Romero. Por ello, dice entender que la resolución del COE del retorno a clases se encuadra en ese sentido, es decir, es una dirección en el ámbito educativo.

Pero también cree que la decisión municipal podría justificarse dentro de la Gestión de Riesgos, donde sí tiene competencia local. Y lamenta que entre las dos entidades no haya habido coordinación al adoptar sus resoluciones.

Ambos esperan que la controversia se zanje pronto. Pero si no ocurre así, Cucalón dice que la salida debe circunscribirse al Estado de derecho, lo cual está en la ley. Más específico, Romero explica que sería un ‘conflicto de competencias’ y que el Gobierno central podría pedir que lo resuelva la Corte Constitucional.

No obstante, el Gobierno no parece tener esa intención. Tanto la ministra Brown como el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, en tono conciliador, dijeron que no buscaban una confrontación y apelaron al diálogo y la comprensión de las autoridades municipales sobre la necesidad de reanudar las clases presenciales, enfatizando en que estas son voluntarias y que constituyen un derecho de los niños.