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La promesa incumplida en Santay

Tras la caída del puente a la isla llegan pocos turistas. Solo hay un muelle para transportarlos. En la ecoaldea los negocios decaen.

10 dic 2017 / 00:00

Santay sigue sufriendo. Han pasado casi dos meses desde que la embarcación pesquera Patricia derribó el puente peatonal que conecta con Guayaquil y los cerca de 260 habitantes que viven en las 56 aldeas que integran la reserva, no logran económicamente levantarse. Esto pese a que les prometieron el cielo.

Les aseguraron, por ejemplo, que los botes desembarcarían por la Caraguay, el Yacht club, la Molinera y el Parque Histórico, pero aquello solo se cumple a medias. Pues estos dos últimos muelles no están activos ni para el turismo ni para los colonos.

Aunque el gobernador José Francisco Cevallos ha puesto a disposición de quienes viven allí dos lanchas a motor, los visitantes no llegan con frecuencia. En el muelle del Yacht Club del malecón Simón Bolívar, en el centro de la ciudad, se han dispuesto seis horarios para la movilización de turistas que está a cargo de los comuneros de Santay: 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 y 16:30. El costo es de $ 5 por la ida y el retorno.

“Pero ni siquiera dándoles las facilidades y un precio relativamente módico ellos vienen”, lamenta Ángel Domínguez, quien prácticamente nació en la isla. La desesperación de la gente es tal, asegura una de las guías turísticas de la aldea, que incluso ellas -por turnos- deben ir al malecón a promocionar los paseos.

“Nos turnamos entre los trabajadores del restaurante de Santay y los guías. Decimos todo lo bueno que tenemos aquí, lo bonito que es el lugar, pero a veces no logramos traer más que a cinco personas por viaje entre semana”.

El apoyo para promocionar las visitas con paquetes turísticos y difusión es la promesa esfumada que más duele. La anunciada campaña comunicacional para difundir el uso del puente que une Durán con la isla es un intento de reactivación de turismo en la zona que apenas se cumple con posts en redes sociales. Es decir, nada de publicidad en televisión o radio.

“Es una pseudocampaña. Sin impacto y sin adecuada difusión”, opina uno de los administradores de negocios de la isla, quien prefiere omitir su nombre por temor a represalias.

Personal de Ambiente que labora en Santay explicó a este Diario que de 400 visitantes que entraban antes del colapso de la estructura, hoy, en un día de fin de semana, solo arriba menos de la mitad hasta la ecoaldea.

Pero no solo allí hay afectación. “En el acceso por Durán, en cambio, sigue inhabilitada la ciclovía, porque los trabajos de reparación de las camineras nunca empezaron de ese lado”, contó un empleado. EXPRESO constató esto último en un recorrido donde halló, intactos, más de dos centenares de huecos en medio del recorrido. No es lo único. Las maderas que encercan el camino también lucen notablemente deterioradas de ese lado, en donde la crecida maleza se confunde con la vegetación natural de la isla.

Se trata de otra promesa incumplida. Al caerse el puente, las autoridades se comprometieron a trabajar con el Cabildo de Durán para captar visitas por ese lado. Pero tampoco se hizo.

A la entrada de ese lado hay bicicletas arrumadas en una esquina, un negocio que en semanas buenas podía dejar hasta $ 500. Por allí ingresan unas 130 personas los sábados y domingos, asegura uno de los trabajadores. Pero de ellos, ni 20 avanzan a la ecoaldea. “Es que se hace demasiado largo”. Son seis kilómetros de recorrido frente a los casi dos que tenía Guayaquil.

“Hubiera ido a la reserva para comprar algo si entraba en bicicleta, a pie es muy cansado”, confesó a la salida desde el lado de Durán, Carlos Briones, un turista que lamenta que no se impulse el turismo de una forma adecuada en esa área protegida ni se ayude de una forma óptima a quienes allí habitan.

En la isla, declarada como Sitio Ramsar I, por ser un humedal que debe preservarse, hay detalles que se deben mejorar. Para Gabriela Cando, guayaquileña, por ejemplo, los guardaparques y los mismos guías deberían permitirles recorrer las aldeas. “Nos dicen que solo debemos llegar hasta cierto punto, no se nos permite cruzar hasta las casas, conversar con la gente. ¿Cómo entonces podemos ayudarlos? Si es allí, al interior de su hogar donde muchos venden chucherías, comidas o tienen bazares”.

Para Johanna Achiote, residente de la vivienda número 3 de la reserva, esta nueva disposición gira en torno a no dar a conocer su realidad. “A veces pienso que las autoridades quieren simular que todo está bien, cuando nuestro estado real es bastante desesperante”. Estamos de picada, dice la mujer, al revelar que hoy a duras penas logra subsistir con la venta de aguas y bolos. Su esposo es pescador, pero la actividad de igual forma está “bastante dura”.

“No encontramos alivio por ningún lado”. Achiote se lamenta, al igual que otra decena de residentes, de no poder visitar constantemente a la familia, como previo al desplome lo hacían, que vive en el centro, el barrio Cuba, el Guasmo. En fin, en la ciudad.

La caída del puente, matiza Tomás Domínguez, habitante y pescador, los ha obligado a guardarse en casa. “Trasladarnos (en las lanchas de los colonos) a veces llega a costarnos $ 2 de ida y $ 2 de regreso. Es difícil. Aquí vivimos gente humilde, no puedo darme esos lujos”.

Para tranquilizar a los colonos, Cevallos ha prometido que a inicios de 2018 se empezará a construir un nuevo paso peatonal, luego de que se hayan recogido todos los escombros del que colapsó. Los habitantes no se hacen ilusiones. Prefieren empezar “a sentirse tranquilos, alegres” cuando la primera piedra de la obra sea puesta.

La promesa incumplida en Santay
El contrato Proyecto Isla Santay, Puentes peatonales camineras y ciclovías, llevada a cabo por el Miduvi, componente importante del Proyecto Guayaquil Ecológico, de 2013, tuvo un costo de 36 millones de dólares.

“Las camineras están encaminadas...”

El gobernador José Francisco Cevallos, abanderado de todas estas promesas y quien coordinó con las autoridades competentes el auxilio a Santay, está consciente de la situación de las camineras de la isla.

“Las camineras están encaminadas a entregarse”. Se supone que un día después de que se cayera el puente, al menos un tramo del lado de Guayaquil debía entregarse. Pero no pasó. “Nos retrasamos un poco porque nos enfocamos en la construcción del puente”.

Aún está pendiente -explicó- que el Servicio de Contratación de Obras (Secob) entregue la competencia al Miduvi. EXPRESO explicó en agosto pasado que “antes de que se la abriera al público, el mantenimiento estaba a cargo de la empresa contratada para ejecutar el levantamiento (Bueno y Castro). Desde mediados de mayo, se firmó la recepción de la obra entre la constructora y Secob.

Aunque el Ministerio de Ambiente (MAE) administra la isla, como área protegida, las obras ejecutadas siguen a cargo del Secob, que no puede traspasarla de manera oficial al Miduvi. Este organismo no acepta una infraestructura que presenta daños.

La obra de Santay-Durán no empieza, justificó Cevallos, porque hay un inconveniente con un contrato complementario, “detalles que ya se están solucionando”.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

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