En los exteriores del edificio Makro, sede de la coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública (MSP), familiares de los pacientes renales y empleados de los Centros de Diálisis realizaron un plantón para exigir a Salud, el pago de alrededor de $ 45 millones. Una suma que, dijeron, les adeudan a los 12 centros agremiados en la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador y que no ha permitido la cancelación de los sueldos al personal que allí trabaja, desde hace 9 meses.

Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis de las zonas 4, 5, 7 y 8; aseguró que esa situación ha puesto en riesgo la atención de los usuarios. "Hemos venido a este lugar porque tenemos problemas de iliquidez. Y es que debido a que el MSP no ejecuta la asignación presupuestaria que le ha dado el Ministerio de Finanzas por más de $ 40 millones, los establecimiento tampoco han tenido para pagarle a sus empleados; ni comprar los insumos y equipos que se requieren para continuar las diálisis. A la fecha, hemos atendido a más de 3.000 pacientes, pero la situación se vuelve cada vez más insostenible", precisó la tarde de este 19 de junio.

Hoy está en juego la salud de los enfermos con insuficiencia renal crónica, sentenció. "Esta enfermedad es catalogada como catastrófica en el artículo 50 de la Constitución, por ende, el tratamiento debe ser gratuito y lo cubre el Estado; pero nada de eso está pasando, sentenció.

"Mi reclamo está a la par de los derechos de la salud. Nosotros también tenemos necesidades, tenemos familia, hijos que dependen de nuestros salario. Por lo que solicitamos a las autoridades de manera urgente que velen también por los derechos que nos corresponden como trabajadores", precisó Lenny (quien solicitó omitir su apellido), uno de los operarios de los establecimientos afectados de la ciudad,

Al lugar, además de los empleados de los establecimientos, llegaron los familiares de los pacientes, quienes se sumaron al llamado de que se cancele la deuda para que la vida de los enfermos no corra más riesgos. "El hecho de que no les hayan cancelado a las clínicas, nos está afectando a todos. A los empleados y enfermos. Todos estamos sufriendo. Pensar que no van a recibir sus diálisis a tiempo, nos preocupa, podrían hasta morir. Y eso todos lo sabemos", manifestó Victoria Haro.

La dificultad que enfrentan no es nueva y EXPRESO la ha venido contando. Apenas en abril, este Diario publicó en sus canales de información, cómo los pacientes y doctores, por falta de protección, se habían enfermado de coronavirus; y como, de forma paralela, los enfermos se hacinaban para atenderse.

En medio de ese panorama, Freire ya hizo hincapié en la necesidad de que el Estado les abone parte de la deuda. Ella aseguró que el Gobierno adeudaba más de $ 3 millones a los centros Dialycen, Cenagsa, Surmedial, Inridi (zona 8), y Metrodial y Renalcentro (zona 4), que correspondían al pago de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019. Sin contar otros seis meses de servicio que aún no habían sido facturados por el Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, a nivel nacional la cifra y la problemática es aún mayor. Según recogió este Diario el pasado 13 de enero, hasta esa fecha, el Estado adeudaba $ 160 millones a 90 establecimientos de este tipo de tratamiento en el país. Lo que significaba una afectación a más de 14.500 pacientes.

EXPRESO solicitó información al MSP sobre lo dicho hoy por los manifestantes, pero hasta el momento no ha emitido respuesta.