La Iglesia manda a las mujeres a botar a los maridos maltratadores

Unas 50.000 denuncias anuales sobre violencia reciben las fiscalías.

24 ene 2019 / 09:00

“El femicidio es un camino hecho paso tras paso y por eso como Iglesia les digo: en el primer momento que reciban ese maltrato busquen la ayuda de la ley y boten al marido”.

El pronunciamiento de ayer del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Eugenio Arellano, da un espaldarazo a las mujeres maltratadas para que defiendan sus derechos y luchen contra la violencia de género que, desde el 2014 hasta esta semana, ha dejado 615 asesinatos en Ecuador y unos 50.000 a nivel mundial.

La posición eclesiástica llega cinco días después de que una mujer ecuatoriana fue asesinada en Ibarra por su novio venezolano, ante lo cual estallaron las voces de rechazo a la violencia social y las airadas posturas del gobierno central, para exigir el pasado judicial apostillado a los migrantes y analizar la puesta en marcha de un nuevo modelo educativo para enfrentar los alarmantes indicadores de violencia intrafamiliar e infantil.

El crimen grabado en vídeo, que expuso la débil actuación policial ante hechos de violencia social, sacó a relucir también las críticas al accionar institucional sobre el combate a un problema que ha llevado a recibir unas 50.000 denuncias anuales en las 33 unidades judiciales que atienden casos de violencia contra la mujer y la familia, con 93 jueces especializados.

El Código Orgánico Integral Penal, en vigencia desde mayo de 2014, estableció el femicidio como delito en su artículo 141. A ese marco legal se sumó otro: la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en vigencia desde noviembre de 2017, que recién tuvo su reglamento en mayo del 2018.

A pesar de la normativa vigente, que dispuso la creación de un sistema integral, un plan nacional, una junta cantonal de protección de derechos y un registro único de agresiones contra las mujeres, no hay indicios de un descenso de la violencia social. Las cifras hablan más bien de un incremento.

Margarita Neira, fiscal de Violencia de Género, dijo ayer a este Diario que poco se puede hacer judicialmente cuando hay mujeres maltratadas que deciden volver con sus agresores, en unos casos porque no tienen independencia económica o temen por sus hijos. Reconoce que en el sistema faltan psicólogos y otro tipo de asistencia social que ayude a cortar las cadenas del maltrato.

De allí la importancia del pronunciamiento de la Iglesia, que pide a las mujeres que “no tengan miedo” porque “Dios les ayudará a salir adelante con sus hijos” y les recuerda que la Iglesia católica reconoce la nulidad del matrimonio de una pareja en la que el varón maltrata y golpea a la mujer.

“Espero que ningún sacerdote le diga a una mujer golpeada: ‘sufre, aguanta por tus hijos’. No sufras, no. Que tus hijos te vean sonreír”, dijo Arellano.

Un pedido por los venezolanos

La defensora del Pueblo, Gina Benavides; la directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Elsie Monge; y el presidente de la Conferencia Episcopal, Eugenio Arellano, le hicieron ayer un pedido al gobierno central: que no le exija el pasado judicial apostillado a los venezolanos.

Aunque ese es uno de los requisitos indispensables para la legalización de los migrantes, ese documento no era exigido para ingresar al país. La medida se tomó tras el asesinato de Diana Ramírez en Ibarra.

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