Las quejas sobre supuestas irregularidades en la toma de la prueba Ser Bachiller, ciclo Costa, llegaron a la Defensoría del Pueblo, cuya entidad pedirá al Instituto Nacional de Evaluación de Educación (Ineval), un informe sobre la evaluación que se receptó del 17 al 23 de enero pasado, a 271.296 sustentantes a nivel nacional.

El objetivo de esta medida es investigar varias aristas como: la filtración del examen que pudo haber puesto en desventaja a quienes lo dieron primero, frente a los otros que ya tuvieron las respuestas; el hecho de que la prueba no tenga concordancia con la educación recibida en la secundaria; así como la falta de cupos que existen para acceder al sistema de educación superior público.

Mirelli Icaza, coordinadora zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, recibió en las dependencias ubicadas en Pedro Carbo y 9 de Octubre, a más de 150 personas entre estudiantes y padres de familia de diferentes colegios de la ciudad, quienes solicitaron el inicio de acciones que permitan eliminar la evaluación, porque consideran que merma el derecho a la educación de miles de jóvenes.

Luego de escuchar las quejas que se han mantenido durante una semana, la funcionaria se comprometió a solicitar al Ineval la información respecto a los resultados de las pruebas que se tomaron, el nombre de los alumnos que la dieron, los horarios, la metodología de calificación y el mecanismo para establecer qué preguntas se tomaron, para determinar si hubo diferentes formatos y si varió de acuerdo al día y el grupo.

“Esto nos permitirá analizar si existe o no vulneración de los derechos y si se expuso a los estudiantes a una situación inequitativa que puso en ventaja a unos chicos sobre los primeros que dieron la prueba”, explicó la funcionaria, al señalar que el análisis de este tema será prioritario y que la posición de la entidad se dará a conocer en coordinación de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional.

“En caso de que se determine que hay vulneración de derechos y las autoridades administrativas no deciden restituir aquello o modificar sus actuaciones para poder incluir en la educación a estos estudiantes, accederemos a instancias judiciales para obtener una sentencia de un juez que ordene cuáles son las medidas a tomarse para no afectar a los estudiantes y garantizar su derecho a la educación”, enfatizó.

Pero para los reclamantes el tiempo es corto, ya que el 26 de febrero se conocerán los resultados finales con los cuales se abrirá el proceso de postulación a las universidades.

Icaza dijo que esta investigación se la debe realizar de una forma responsable. Sin embargo, reiteró que el compromiso de la institución es darle una atención prioritaria al caso. “Llamaremos a reuniones a las instituciones involucradas para formar mesas de trabajo en donde se busque una salida al problema”, remarcó.

Las quejas de los padres fueron receptadas de forma individual por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, que levantó una matriz para iniciar las investigaciones.

Los demandantes llevaron diplomas, medallas e incluso las bandas de abanderados y escoltas que sus hijos han ganado a lo largo de su trayectoria estudiantil, lo cual los acredita como excelentes estudiantes.

Con ello quieren demostrar que hubo irregularidades en el examen y que los resultados obtenidos el lunes no refleja la excelencia académica de los chicos, por lo que insistieron en la eliminación de la prueba.