El anuncio lo hizo el martes el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter: “He conversado con la ministra de Educación, Monserrat Creamer, y hemos tomado la decisión de iniciar el 1 de junio las clases en la Costa y Galápagos. Por el momento, será bajo la modalidad Estudiando desde casa”.

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Esta decisión originó diversas reacciones de padres de familia. Unos señalaron que la medida es acertada porque así se vela por el bienestar de los estudiantes; mientras que otros se mostraron preocupados porque aseguran no conocer el alcance de ‘Estudiar desde casa’.

Una reacción similar tuvieron los representantes de los establecimientos educativos particulares, quienes señalaron que esta medida es atentatoria y discriminatoria a los derechos de los niños y adolescentes; y un perjuicio para este sector educativo que se ha preparado en los últimos meses para ofrecer a los escolares una educación virtual a través de sus plataformas pedagógicas.

Camila Bustamante, quien tiene dos hijos en un colegio fiscal, dice que no tiene muy claro lo que significa ‘estudiar desde casa’, como lo ha propuesto el Gobierno, pero le angustia saber que será ella quien tenga que ayudar a sus hijos a realizar las tareas. “Apenas sé las reglas gramaticales y matemáticas básicas. No me siento en capacidad de llevar a cabo este aprendizaje”, menciona la ama de casa, quien apenas terminó la instrucción primaria y trabaja de empleada doméstica.

Ella menciona que una vez que termine la cuarentena tendrá que regresar a su empleo y eso dificultará el aprendizaje de sus hijos en la casa. “Hubiera sido mejor que las clases se posterguen hasta septiembre, una vez que el mismo Ministerio de Educación tenga bien claro cómo será el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, sin que estos y sus padres se vean perjudicados”, menciona la mujer de 40 años que habita en Bastión Popular, en el noroeste de la ciudad. Sus hijos tampoco tienen computadora ni internet para iniciar una educación virtual.

Una situación similar menciona Karla Muñoz, de 35 años, quien tiene un hijo que va a primero básico. “¿No sé cómo haré para ayudarle a mi niño de cinco años a desarrollar sus destrezas?”, preguntó, al señalar que ella no tiene mucha experiencia en eso. “No es lo mismo que le enseñe un parvulario, ellos están preparados para eso”, manifestó, al tiempo de indicar que las autoridades educativas deberían informar mejor sobre cómo será este aprendizaje.

Quienes sí demostraron su desacuerdo total a este anuncio fueron los representantes de los colegios privados, quienes reiteraron que sus instituciones tienen la capacidad técnica y pedagógica para iniciar clases el próximo 4 de mayo.

“Consideramos que la medida anunciada de la suspensión del inicio de clases constituye una acción discriminatoria y atenta a los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes de la región Costa, ya que los planteles privados trabajan con más recursos tecnológicos, que facilitaría el sistema de educación a distancia”, manifestó Abelardo García Meneses, presidente de la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación (Corpeducar, Guayas), quien añadió que este planteamiento lo han hecho conocer a quienes están el frente de Comité de Operaciones de Emergencia (COE) con el fin de que se permita iniciar clases virtuales a los planteles que cuentan con los recursos para impartir un tipo de enseñanza de calidad.

Víctor Hugo Calderón, quien actuó de vocero de los representantes del gremio educativo particular, explicó que este sector es empleador masivo directo e indirecto, por lo que la postergación del inicio de clases les afecta económicamente. “Tan solo en el sector particular régimen Costa representa más de 31.300 docentes y 9.320 miembros del cuerpo administrativo”, expresó en una conferencia de prensa virtual ofrecida durante la mañana.

Calderón aseguró que ellos están listos para proponer alternativas y continuar con normalidad el desarrollo cognitivo y socio afectivo de más de 590.000 niñas, niños y adolescentes del sistema educativo particular de la Costa.

Recalcó que al decidir la postergación del inicio de clases, se incrementaría la angustia de más de 40.000 familias empleadas de manera directa y otras miles de plazas de trabajo indirecto asociado al sector educativo particular.

Sin embargo, hay muchos padres de familia que ven con beneplácito la postergación de la jornada escolar, especialmente aquellos que en los últimos días han señalado no contar con recursos económicos para pagar matrículas y pensiones.

“Nuestra prioridad es la salud de las familias. Muchos hemos tenido gastos al afrontar la enfermedad de algunos de nuestros miembros”, manifestó Carlos Arcentales, un padre de familia de tres escolares.

En cambio, Gina García, madre de familia, destacó la conveniencia de la educación virtual que los colegios particulares ofrecen. “Nuestros hijos tendrían el acompañamiento del maestros, ya que muchos padres no sabemos qué hacer al momento de impartir conocimientos pedagógicos y académicos a nuestros hijos”, puntualizó.