La Comisión de Educación de la Asamblea prevé aprobar esta semana, o como máximo hasta el 15 de diciembre, el texto del Proyecto de Reforma a la Ley de Educación Intercultural, que irá a segundo y definitivo debate.

El grupo asambleísta afirma que la revisión alcanza el 80 % de la norma vigente desde 2011. Aunque en el pleno del Legislativo aún pueden sumarse otros cambios, este Diario resume en el gráfico adjunto una docena de modificaciones y novedades propuestas.

Consultados por separado, tres legisladores de dicha comisión coinciden al destacar temas como el fortalecimiento de la inclusión educativa y el de la prevención de la violencia.

La asambleísta Jeannine Cruz cita algunos casos públicos de abuso sexual contra estudiantes en los últimos años. Y afirma que hay 10.616 denuncias de violencia sexual presentadas entre 2014 y 2020. Esta semana, el Estado ecuatoriano ofreció disculpas públicas a los familiares de una menor que se quitó la vida tras sufrir abuso sexual de parte del vicerrector de su colegio, sin que este recibiera en su momento la debida sanción.

“En la propuesta se determina la asistencia a las víctimas”, dice Cruz, además de establecer los mecanismos de prevención y las tareas de las entidades a cargo de ello.

En contrapartida, en estos años hubo docentes que se quejaron de sufrir demandas y amenazas como represalia de alumnos o padres de familia, sobre todo en casos de consumo y microtráfico de drogas. Y que ellos debían asumir y pagar su defensa legal.

Al respecto, Cruz dice que la obligación de denunciar este tipo de casos recaerá en los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), y que la reforma prevé garantizar a los docentes contar con asistencia legal y con un defensor público.

También en el tema docente, los legisladores atribuyen a trabas burocráticas que miles de profesores no hayan ascendido de categoría en estos años, lo que les ha causado un perjuicio profesional y económico.

Por eso, plantean una recategorización automática tras cumplir los requisitos de tiempo. Y un escalafón salarial que arranque con $ 1.000.

El legislador Marcelo Simbaña agrega la modificación al Bachillerato General Unificado (que podrá tener menciones o especialidades) y la incorporación del Bachillerato en Artes.

Asimismo, el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, para garantizar el acceso y la educación de los pueblos indígenas, además de la incorporación de la Étnica, que alude a los pueblos afro y montuvio.

“La ley fue creada por tecnócratas, no por la comunidad, maestros o estudiantes. Es necesario fortalecer el sistema y elevarlo a ley”, argumenta. En cambio, dice que la comisión se ha reunido con organizaciones sociales, redes de maestros, estudiantes y otros actores, y que recibieron más de 100 proyectos de ley.

Este Diario consultó al presidente de la comisión, Jimmy Candell, sobre la factibilidad económica de lo que plantean.

Él explica que solo el impacto del escalafón y recategorización docente sería de $ 500 millones. “Nuestra salida para financiar este rubro es simple: restituir los valores que fueron recortados al Sistema Nacional de Educación".

Afirma que no es un aumento del gasto público "como se lo ha querido malinterpretar", sino el reintegro de los valores que el gobierno destinó para otros sectores en la pandemia. Un recorte que, según estiman, fue de $ 900 millones.

La Comisión de Educación prevé aprobar el texto antes del receso legislativo de fin de año y que el debate final en el pleno de la Asamblea Nacional sea en enero.