Ir a la cabecera cantonal de Samborondón desde un vehículo liviano cuesta $ 1. No importa si el conductor parte de Guayaquil, Durán o la misma Puntilla, todos pagan el mismo valor ($ 0,50 de ida y otros $ 0,50 de vuelta), pero nadie sabe a dónde va a parar ese dinero. La ciudadanía cuestiona que se pague ese peaje y que las mejoras en la vía no se vean reflejadas. Que la vía es angosta, que falta señalética, que no es segura y que la iluminación tampoco es buena, son algunas de las quejas.

Pero en la estrecha carretera, de apenas dos carriles y que cruza por diferentes recintos, circula todo tipo de vehículos; pesados, motocicletas, hasta triciclos, y esto sin contar al ganado. Por esto, cuando se les pregunta a los conductores y moradores cuál es la principal mejora que debe aterrizar a la carretera por la recaudación, concuerdan: la ampliación.

EXPRESO realizó un recorrido en el área y constató que al llegar a la estación de peaje lo primero que salta a la vista son carteles que ofertan planes habitacionales, atados a postes; mientras que en diferentes tramos se registra el culebreo de los vehículos para adelantar su marcha. La maniobra es usual.

A esto se suma que al ingreso de diferentes recintos, como La Setenta, Santa Martha o El Rosario, faltan paraderos de buses, dejando a la buena de Dios a los peatones que quieren dirigirse al cantón o La Puntilla. Tampoco hay bordillos y los pobladores deambulan al filo de la carretera.

Este Diario se contactó con la Prefectura del Guayas, que está al frente del tema, para que responda qué se está haciendo con la recaudación. La respuesta vino por parte de Eduardo Falquez, director de Concesiones de la entidad, quien argumentó que la vía está bajo un contrato de concesión suscrito el 20 de octubre de 1998, y justificó que todos los fondos que se recaudan van a un “fideicomiso”.

¿Pero a dónde van a parar? El funcionario respondió que el modelo de concesión, por Conorte, da “mantenimiento y garantiza un nivel de servicio”. Detalló que circulan un promedio de 6.500 vehículos por día (el 86% livianos y 14% pesados), y que, acotó, por la tarifa el usuario tiene derecho a una vía en buen estado, señalética vertical y horizontal y la atención si se daña el automotor.

Al referirse a la ampliación de la carretera, Falquez dijo que la Unidad de Concesiones ha planificado, recién para 2023 y 2024, hacer una zona de rebasamiento, dejando al lado la idea de la ampliación total de la vía. “Es decir, un tramo de 3 kilómetros donde la vía esté a 4 carriles, pero pensar una zona de ampliación de 4 carriles en todo el eje, por ahora no”.

Pero a lo largo de la arteria piden otras mejoras. A juicio de la ciudadanía, la señalética ya comenzó a desdibujarse. Si bien existe, falta adecuarla, así como más iluminación. “La calzada está bien, hasta ahora no hay baches, pero la realidad es que es angosta la vía, hay que ampliarla, ya que por aquí pasan todo tipo de carros. Las obras no solo deben embellecer cierta parte, sino que se vea desde el momento que vamos a Samborondón y a otros cantones. Por algo se paga”, comentó el conductor Marlon Llaguno.

Con ese criterio coincidió el ciudadano Lauro Castillo, quien ha sido testigo en diferentes ocasiones de frenazos de los vehículos al momento de que tratan de rebasar a otros. Él sostiene que la ampliación de la carretera, así como más vigilancia, son apremiantes.

“Aquí están pasando hasta camiones y queda muy estrecha y los que van en tricimotos o vehículos más pequeños enfrentan más problemas, no pueden ir, la misma arteria estrecha conecta a Salitre, por ejemplo”, resaltó Castillo, quien cuestiona cuáles son las tareas que se ejecutan en torno a la recaudación. “Que todo se lo llevan para mantenimiento, por favor. Es absurdo. Esta es una ruta cualquiera y con tanta plata, de miles de dólares que recogen al día, debería ser enorme. Hasta un café nos deberían regalar, unos mangos, roscas, piononos... Es obvio que esa plata no está siendo invertida”, ironizó Leonel Meza, también conductor.

Aunque el escenario mejora un poco al llegar a la parroquia rural Tarifa, donde sí hay paraderos, hay tramos en los que los moradores se ven obligados a caminar cerca de donde circulan los vehículos. Apenas hay una línea blanca que los separa y esto les significa peligro.

Durante el recorrido, Diario EXPRESO observó cómo los estudiantes tienen que agruparse e incluso treparse a los muros de concreto para protegerse.

Residentes de las urbanizaciones aledañas, como Daule, La Puntilla y la entrada a Salitre, expresan su anhelo por la mejoría a lo largo de la vía. Uno de ellos es Lenín Mora, de Villa Club, quien considera que el recaudo que está haciendo el peaje también debe ir a parar a las carencias que padecen las zonas rurales.

“El simple hecho de que los impuestos que se pagan anualmente son más elevados que en Guayaquil, entonces esa recaudación, más lo del peaje, no los veo reflejados. Se puede destinar a obras sanitarias, espacios verdes, pasos peatonales. No hay nada de nada”, se lamentó.