La calle es la nueva sala de rehabilitación

Exinternos se reúnen para hablar de sus procesos de recuperación. Lo hacen por temor a recaer. Es gratuito.

08 feb 2019 / 00:00

Hasta hace cuatro semanas, Carlos tenía la certeza de que la clínica de adicciones ‘Mano de Dios’ sería su primer y último centro. Pero este lugar fue clausurado y con él, sus esperanzas de rehabilitarse.

La certidumbre se canjeó por el miedo. Un miedo que lo lleva a sudar frío, temblar y huir cada vez que siente la tentación de consumir. Para evitarlo, él y su madre se refugian en una sala de terapia improvisada en las afueras de la clínica, ubicada en la calles 27 y la K, en el suroeste porteño, donde un día estuvo Carlos internado y que le permitía soñar con una recuperación.

Allí, una decena de sillas vacías, una mesa y una clase a la intemperie los esperan. Tania e Iván son de los primeros en llegar. El joven prefiere acudir hasta media hora antes del inicio de la sesión para conversar con Sandro, su padrino y consejero. “Hay cosas que debo contarle en privado”, se justifica.

Que su nueva sala de rehabilitación sea la calle no es casualidad. Es su única opción, luego de que un incendio en un centro de rehabilitación provocara la muerte de 18 personas y el Estado clausurara varias de ellas por considerarlas clandestinas. Hoy, tienen una prórroga que llega hasta los 90 días para invertir cerca de $ 18.000 que, en promedio, se requiere para cumplir con las exigencias de la licencia de Acess.

Aunque existen las clínicas legales privadas, Carlos y su familia no se atreven a considerarlas por su precio. Por ejemplo, un centro irregular cuesta aproximadamente $ 200, uno legítimo puede llegar a los $ 1.000. “Yo nunca podría pagar un centro de rehabilitación legalizado y uno de la desesperación busca este tipo de lugares. Antes de ingresarlo, investigué sobre experiencia de otros y vi que tenían resultados”, cuenta su mamá, quien lo vigila para evitar una recaída.

Y aunque todos los internos pudiesen pagar sus tratamientos, tampoco habría espacio. En Guayas, tal como señaló EXPRESO en su edición del 13 de enero, solo existen seis centros con licencia, lo que se traduce en menos de 300 plazas para internos.

Llegan más personas. No todos son adictos, pero sí familiares de algunos. Y como si de una reunión de padres de niños mal portados se tratase, Sandro empieza a dar el sermón.

Habla de la abstinencia, la desesperación y la necesidad del compromiso. Es el momento de confesarse y Carlos se levanta a contar su semana. Mientras tanto, otros exadictos se han sumado a la reunión gratuita. Entran con sigilo y al no encontrar ya silla vacía optan por arrinconarse a los postes o mirar desde la calle. Los más afortunados hallan asiento sobre alguna piedra cercana al lugar. No importa la incomodidad, solo estar presentes.

La metodología recuerda las sesiones usuales de Narcóticos Anónimos, como también relatara EXPRESO el sábado pasado.

Así, el relato de Carlos continúa y un corillo formado por exadictos dice cada uno o dos minutos: “Me identifico”. Esta frase es repetida cada vez que algún miembro de la reunión halla similitud entre su caso y el del ponente. Luego de más de quince minutos de confesión, en el que Carlos no cesa de mover su cuerpo una y otra vez, Sandro retoma la palabra.

Aunque tiene un tono de voz grave y autoritario, los jóvenes no le temen. Más bien, la mayoría de ellos asiente con la cabeza y lo mira fijamente como si estuviese revelando el secreto del universo.

Uno que otro pito de los carros que, preocupados por ver sillas en la calle, temen pasar por la vía, interrumpe la concentración del público.

Mientras tanto, recostado a un vehículo parqueado, está Jorge Abad. No es adicto ni ha llevado a un familiar a la reunión, pero mira, casi sin parpadear, a Sandro. ¿La razón? Quiere contarle los consejos que escucha a su hijo, que también consumía. De hecho, él estaba internado en la clínica cuando el gobernador llegó a clausurarla. “Se me lo llevaron a un hospital para verlo y luego desapareció. Por días salí a buscarlo y veía que sus otros compañeros ya estaban en las esquinas drogándose”. Abad tuvo suerte y lo halló. Ahora, lo tiene internado en otro centro irregular.

No existe una cifra oficial de cuántos jóvenes regresaron a las calles tras las clausuras, pero sí hay un conteo del número de cierres de centros. Según Acess, hasta diciembre del 2018 había procesos contra 37 de estos lugares en Guayas, sin embargo, la presidenta de los centros legalizados, Jenny Díaz, calcula que existe más de un centenar.

Han pasado más de 120 minutos desde que la sesión inició y varios carros arriban. Son de algún primo, tío o vecino que aceptó trasladarlos. Los familiares que custodiaban a los adictos les hacen señas y ellos asienten, suben a los carros y retornan, algunos al encierro y otros a una libertad condicionada.

Carlos y Tania también se retiran. El primero “fortalecido”. “Siento que boté todas mis cargas porque de lunes a sábado yo no tengo dónde compartir mi dolor, entonces me guardo reservas, pero esas reservas me pueden llevar al consumo”. Y la segunda, con esperanza de que su hijo permanezca limpio, por lo menos, hasta la próxima sesión. Aunque esta también sea informal.

Acompañamiento

Padres

Los llevan a las reuniones y participan de ellas. Algunos confesaron, durante la charla, que los encierran en sus dormitorios con llave o se turnan con el resto de la familia para restringir sus movimientos y comunicaciones. “Somos coadictos por ellos”, se lamentaron.

“Padrino o tío”

Así llaman los internos a quien toma la tutela de su rehabilitación. Son también los directivos de los centros a los que los padres confían sus hijos. En este caso es Sandro, un exadicto rehabilitado que brinda la charla, preocupado por el futuro de los jóvenes que allí estaban internados.

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