Han pasado 30 días desde que entró en vigencia la ordenanza que obliga a los motociclistas a colocar en la parte posterior del casco homologado, el adhesivo con la respectiva placa de identificación del vehículo. También han transcurrido más de cinco meses de la entrada en vigencia de la disposición que prohíbe la circulación de dos hombres en moto. No obstante, ambas normas no se están cumpliendo en su totalidad.

A pesar de que estas medidas tienen como objetivo el orden, identificación y seguridad en la urbe, EXPRESO pudo constatar durante un recorrido por varios sectores de la ciudad que un gran número de motociclistas circulan sin casco. Incluso algunos llevan acompañantes que también cometen esa infracción contemplada en el artículo 5 de la ordenanza municipal. Mientras que otros tienen el equipo como adorno, ya que lo llevan en las manos o en el timón de la motocicleta, exponiendo sus vidas.

Asimismo, muchos cascos no son los homologados que exige la misma ordenanza, es decir los acolchados que tienen un sistema de airbag que sirve para ajustarlo a la cabeza.

“Estos equipos son certificados por la Agencia Nacional de Tránsito para reducir la posibilidad de que la víctima sufra una lesión permanente en la cabeza, en caso de un accidente”, explica un agente de tránsito que el miércoles pasado ejecutaba controles en el centro.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó a este Diario que desde el 1 de octubre hasta la fecha se han emitido 800 citaciones por el incumplimiento de estas disposiciones. “Estratégicamente dentro de cada distrito del cantón todo el personal operativo realiza controles”, reiteró ante una consulta de EXPRESO, aunque para la ciudadanía ese número resulta insuficiente, teniendo en cuenta las infracciones que a diario se cometen.

Para ellos, los operativos parecen no surtir efecto, ya que en las calles es común hallar motorizados con cascos tipo visera, de colores, sin visor de plástico.

“No es que quiero infringir la ley porque me da la gana. Lo que pasa es que no tengo (dinero) para comprar el que se exige”, argumenta el motociclista Manuel Moreno, quien usa uno que compró en un supermercado a $ 35.

Y aunque reconoce que en caso de un choque este no le salvaría la vida, dice que no tiene los $ 100 o $ 200 que cuesta un casco certificado. Esto a pesar de que la sanción representa una multa del 20 % de un salario básico unificado y la retención de la moto por tres días.

El desacato también se observa en el uso del distintivo adhesivo que debe mostrar la placa de identificación de la unidad en la parte posterior de los cascos.

Cuando este Diario consulta a los motociclistas por qué no lo usan, ellos esgrimen varias excusas. “No he tenido tiempo para hacerlo imprimir. Además este debe cumplir ciertas características, tanto en el tamaño como en la tipografía. Entonces, obligadamente se lo debe hacer en un local especializado”, señala Benito Vera.

En varios locales ya se ofrece este servicio, cuyo costo fluctúa entre $ 3 y $ 5. “Nosotros hacemos el trabajo, pero hay cascos con filtración de aire, aerodinámicos en su parte trasera, lo que impide poner adhesivos, porque su estructura o forma no fue diseñada para pegar papel con goma”, reconoce Jacinto León, dueño de una imprenta ubicada en Chile y Clemente Ballén, quien añade que los motorizados hacen lo que les da la gana.

León se refiere a la circulación de dos personas en moto, algo que está prohibido desde junio pasado para enfrentar la violencia que afecta al país y los sicariatos que se han producido usando estos vehículos.

“No se ha logrado ni lo uno ni lo otro. Vemos a dos hombres en estos vehículos a todas horas. Tampoco ha bajado el índice delictivo”, lamenta Melissa Mancero, al resaltar que la ciudadanía tiene terror hasta de escuchar el ruido de las motos, que a veces incluso circulan en contravía, sobre las veredas y parterres. “Las sanciones deberían fuertes”.

Lo mismo opina Santiago Sánchez, experto en derecho penal, quien recalca que las multas y sanciones deben ser drásticas. “La primera multa debería ser un salario básico; la segunda, un mes de suspensión del vehículo; y la tercera, el decomiso de la unidad. Desde el momento en que les duela el bolsillo, preferirán acatar las disposiciones o se lo pensarán mil veces antes de cometer la infracción”, analiza.

Laura Morán, quien habita en Álamos Norte, coincide, pero incluso habla de que la infracción sea mayor. “Que paguen de $ 300 para arriba, así sea por lo mínimo. Que los paguen los motociclistas y conductores en general que sean infractores. Aquí la ATM y todas las normas son blandas. Así jamás habrá cultura vial”, piensa.

Las motos son preferidas por los bajos costos de adquisición, combustible y mantenimiento. La mayor cantidad se concentra en Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha (en ese orden), de acuerdo con el último Anuario del Transporte, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).