Ecuador tiene un plan para la crisis carcelaria. Y eso es todo lo que se sabe hasta ahora. No hay detalles, una hoja de ruta clara, ni una lista de acciones que se puedan evaluar, al menos públicas, no.

Lo único que ha mostrado el presidente de la República, Guillermo Lasso, en la rueda de prensa del miércoles pasado, es una carpeta anillada, con una carátula a colores, cual deber universitario, con la que graficó la prueba de que el plan para ir contra la violencia de los grupos presuntamente relacionados con el narcotráfico existe, aunque de este no haya mayores detalles, ni aunque este Diario los solicitó a Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación del Gobierno.

Lasso oficializó la cifra de 116 fallecidos y 80 heridos, pero puntualizó que eso es lo que se conocía “al momento” en que declaró estado de excepción del sistema carcelario en todo el territorio ecuatoriano, el pasado miércoles, en la noche.

La medida tiene un solo objetivo: que los centros de retención “recuperen el orden y puedan cumplir con su función de rehabilitación social”. Quiere el Gobierno, asegura el primer mandatario, “preservar los derechos humanos de los privados de la libertad”.

Lasso tiene claro que su plan, solo en la Penitenciaría del Litoral, costará $ 24 millones, y que tendrá esos recursos, para proveer de tecnología y obras civiles, como lo estipula el plan incógnito.

El presidente, sin embargo, ha asegurado que no puede confirmar, pese a la coordinación de acciones, que el Estado ha retomado el control y eso se supo también luego de su intervención, cuando se reportaron, otra vez, explosiones en los pabellones.

Con ese contexto, con un plan en camino, hay quienes salieron ya a pedir soluciones integrales. Se barajan ideas para la rehabilitación integral y hasta se pone sobre la mesa la necesidad de eliminar, de una vez por todas, la Penitenciaría del Litoral.

Así lo defiende, por ejemplo, Abraham Correa, general en servicio pasivo de la Policía, un agente con 34 años de experiencia en temas carcelarios y seguridad nacional, que dice tener claro el panorama.

“Debemos partir aceptando que el Gobierno no acepta que en el país no existe un sistema de rehabilitación de los internos y eso hace la situación más caótica. Lo que hay son seres humanos enjaulados que no han tenido acceso a una rehabilitación integral”, analiza.

Desglosa algunas soluciones como un consejo dedicado a ese menester y, entre otras acciones, medidas integrales en la lucha del narcotráfico (ver recuadro de propuestas de este experto al centro de este artículo). “Ese es el gran problema. Lianas de poder y territorio ganado del narcotráfico que se agrandó los últimos años”.

Invertir dinero en obra civil dentro de los pabellones, señala, es un gasto infructuoso. “En esas paredes se camuflan armamentos. Ese centro ya cumplió su vida útil. Hay que demolerlo ya”, dice.

Un profesional que trabajó durante años en la Penitenciaría, pero que prefiere omitir su nombre por seguridad, señala que el cáncer en las cárceles de la ciudad son los guías penitenciarios. Según recuerda, durante una mesa técnica en la que participó (en el gobierno de Alfredo Palacio) se habló de que la Policía debía implementar una unidad especial para la Penitenciaría como lo hay en Brasil, Colombia, por dos puntos fundamentales. “Teniendo a la policía carcelaria se puede rotar ese elemento y se evita que estén mucho tiempo y puedan estructurar grupos de poder o lo que llaman mafias. Se habló también de rotar a los PPL, no tenerlos en un mismo sitio y tiempo para evitar que estructuren grupos de poder y mafias. Entonces, el pabellón 1A pasaba al C5 Bajo y viceversa”, señala el profesional.

De esa manera, explica que no se podían establecer vínculos entre mafias que lo que hacen es dinero. “Llega un preso y lo primero que hacen es empeñarlo, eso le cuesta a la familia dos mil, $ 3 mil, seguir pagando semanalmente. El rancho (la comida), el colchón, todo cuesta ahí. Eso es un dinero diario que es muy difícil poder erradicar si no se toman medidas drásticas”.

Al cierre de esta edición, la comandante de la Policía Nacional, Tannya Varela, dijo en rueda de prensa que el operativo ejecutado en la tarde develó el hallazgo de aires acondicionados y orificios construidos por los reos para pasarse de un pabellón a otro. Ella coincide con Abraham Correa en que hay que reconstruir totalmente ese centro de privación.

Algunas claves que se aconsejan

• Consejo. Criminólogos, penalistas, deportólogos y psicólogos deben formar un consejo de rehabilitación.
• Movilización. Llevar a los reos a otros centros, dividir la población carcelaria, es otra propuesta.
• Clasificar. Separar a quienes cumplen penas de forma adecuada, según sus delitos cometidos.
• Perfiles. Nombrar funcionarios que sí estén capacitados para el tema y no por cuota política.
• Agricultura. Diseñar granjas en donde trabajen los reos y dinamizar su economía, otra sugerencia.
• Plan real. Definir acciones a corto, mediano y largo plazo es urgente, señala experto.