Hasta antes de la pandemia, la fundación Otoño Inolvidable, que brinda atención a personas de la tercera edad de escasos recursos económicos, tenía muy activo su comedor comunitario, en el Barrio del Seguro, en el sur de Guayaquil. Entregaba cien desayunos una vez a la semana y la misma cantidad de almuerzos, los miércoles, jueves y viernes. Con esfuerzo, al momento mantienen el número de desayunos, pero los almuerzos han bajado a 25.

No pueden más y temen incluso que llegue un momento en que no estén en condiciones de entregar esa ayuda, al menos no de manera gratuita como lo hacen ahora.

Luis Cortez, quien dirige la fundación que se creó hace siete años, confiesa que están pasando por momentos complejos, no solo porque las contribuciones han bajado, sino por el impuesto del 2 % que deben pagar al SRI por sus ingresos (que provienen de bingos, tardes de té, rifas y donaciones), una vez que estas agrupaciones de ayuda social fueron clasificada en agosto de 2020 como microempresas.

La fundación María Gracia, que colabora desde hace 34 años en casos de salud complejos y que ayuda a conseguir medicinas e implementos y a realizar exámenes médicos, también ha bajado su ritmo y se encuentra en una situación crítica. “Nosotros no pudimos seguir pagando sueldos de empleados, entonces nos demandaron y los jueces nos mandaron a pagar tres veces más de lo que es una liquidación normal”, dice Pepita de Zevallos, quien preside la institución.

Aclara que no se niega al pago de una liquidación. “No decimos que no debemos cancelar lo legal, lo correcto, pero no más allá”, resalta.

Eso tiene a estas instituciones y otras de la provincia en un alto riesgo de cierre. Por eso, ayer un grupo de voluntarios se reunió en la sede de la Asociación Coordinadora del Voluntariado del Guayas (Acorvol), que aglutina a cerca de 60 fundaciones de la provincia. Allí intercambiaron criterios sobre la crisis que enfrentan para visibilizar su situación.

Lanzaron un manifiesto público en que pidieron que se examine el Proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones Sin Fines de Lucro, que fue presentado en junio del 2017 y que se lo haga con las modificaciones acordes a las necesidades de la situación y realidad actual.

También quieren que se examine el impuesto que se les cobra, pues consideran injusto que se les exija ese tributo sobre los pocos recursos que obtienen, pues, como indica María Delia García, vicepresidenta de Acorvol, se trata de instituciones sin fines de lucro.

Aclaran que muchos de los problemas se arrastran de gobiernos anteriores, pero piden al presidente Guillermo Lasso que tome en cuenta al voluntariado, “que es el que quita una fuerte carga al Estado”.

“Este es un grito desesperado, un SOS a los tres poderes del Estado. No les pedimos recursos, ya que los obtenemos gracias a nuestro propio esfuerzo y a la ayuda de la ciudadanía”, indica el manifiesto.

“Si los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial monetizaran las miles de horas hombre que el Estado se ahorra a través del voluntariado, reconocieran y valoraran la importancia de respaldar y apoyar nuestro accionar”, agrega el documento.

Solicitan, por ello, también ser considerados dentro del nuevo Código Laboral.

Recordaron que en los picos más altos de la pandemia fueron los voluntarios parte de quienes estuvieron en primera línea para brindar ayuda.

Están dispuestas a cumplir requisitos para que sigan funcionando las fundaciones serias y que las que se crean para lucrarse, desaparezcan.

Al encuentro en el que se presentó el manifiesto acudieron representantes de las fundaciones María Gracia, de Fibrosis Quística; AEI, Otoño Inolvidable, Nos Necesitan Ecuador, Asvolh, Serli, Fasmad, Gabriela María, Ambulancia Deseo y Monseñor Enrique Julhes.