Al despacho legal de la Fundación Rescate Animal siguen llegando denuncias de todo tipo. Hay casos de encadenamiento de mascotas, de tortura, de envenenamiento masivo de gatos, de mala práctica veterinaria y hasta de violación de perros. Ya suman 150 quejas este año.

La lucha por lograr que estas situaciones sean penadas la lidera Inti Alvarado, una abogada guayaquileña de 34 años, que en 2017 creó el primer despacho legal del país para defender los derechos de los animales.

Por estos días, uno de los casos en el que está enfocada es el del presunto envenenamiento de tres gatitas ocurrido a inicios de este mes en la ciudadela Guayacanes. Hay una denuncia penal presentada por Rescate Animal y La Komuna, con la que buscan que se apliquen las últimas reformas al COIP, en las que se endurecen las sanciones al maltrato animal.

“Se presentaron los certificados médicos veterinarios sobre la causa de la muerte, con el detalle de los síntomas, además de las fotografías en las que se muestra la evidencia de los animales muertos y los papeles que contenían el veneno”, explica esta profesional sobre el proceso legal que, como cualquier otro, requiere de la presentación de pruebas y de testigos.

Esta activista vegana, que tiene una maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona, también asesora al equipo del despacho en otro de los casos que llegó a Rescate Animal hace poco y para el que están reuniendo información. Se trata de la presunta violación de un perro por parte de un vecino del dueño. Esperan crear un proceso sólido, pues no tuvieron suerte en 2016 con una denuncia similar por el abuso a una perra en Engabao, cometido aparentemente por un hombre que tenía algún tipo de discapacidad mental. “Como fue antes de la legislación que se ha logrado ahora, no hubo una sanción; esta persona ni siquiera llegó a la audiencia y no se activó por parte de las autoridades ningún protocolo de búsqueda de la persona responsable”, dice.

Inti Alvarado ha llevado procesos que han trascendido, como el de Candy (2014), que murió víctima de lo que se denunció como una mala práctica veterinaria. Finalmente, a los acusados se les aplicó una sanción económica. “Fue un caso emblemático que nos permitió administrar justicia a la familia y poder crear un precedente”, recuerda.

Así su lucha va dando frutos, pues con el despacho ha trabajado en normativas a nivel nacional, que han permitido presentar reformas a leyes como el Código Orgánico del Ambiente, que reconoce a los animales como sujetos de derecho. Es desde ese espacio en el que ha contribuido también a las reformas a las leyes penales y a hacer propuestas de política públicas.

No piensa parar. Seguirá vinculada a los animales como lo ha hecho desde niña, en que estaba rodeada de perros, gatos, vacas, aves y peces, con los que creció en la finca de su familia en Boliche. Es en esa finca donde vive Manuela, una burra que fue rescatada en uno de los casos que siguió de cerca. La salvó de la muerte junto con una decena de animales que estaban listos para ser faenados y comercializados como carne de res.

Seguirá rescatando animales y luchando también por sus derechos.

• Sanciones

Desde el 21 de junio están vigentes las reformas al COIP. Antes, el maltrato animal se sancionaba con servicio comunitario y pena privativa de libertad de hasta 7 días. Ahora puede llegar a tres años.