Los concejales quiteños miraron con desconfianza la trampa que les estaba tendiendo Jorge Yunda, se tomaron el tiempo para analizarla cuidadosamente, se llamaron, se reunieron, intercambiaron criterios y la entendieron a la perfección: sí, concluyeron, es una trampa. Dicho lo cual, se lanzaron de cabeza en ella. Hasta el fondo. Ocurrió el jueves de esta semana. El removido alcalde de la capital convocó a una sesión del Concejo Metropolitano y ahí estuvieron: los suficientes para completar el quorum y legitimarlo. “No lo estamos legitimando”, ensayó Luz Elena Coloma subrayando cada sílaba. Lo cierto es que Yunda dirigía la sesión desde el sillón de alcalde y ella le pedía permiso para hablar. No es raro que en esa dinámica terminara traicionándose: “señor alcalde”, le dijo, y tardó una pausa eterna en añadir: “removido”.

Resulta difícil de creer: el procedimiento de remoción del alcalde de Quito fue impecable y cumplió con todos los pasos que prescribe la ley; el Tribunal Contencioso Electoral, última instancia contemplada en el proceso, ratificó lo resuelto por el Concejo Metropolitano; sin embargo ahí sigue, aferrado al cargo mientras los concejales de oposición, incluso en mayoría, no logran dar un palo al agua: Yunda los tiene bailando a su antojo. A su favor cuenta con dos decisiones judiciales inverosímiles: una acción de protección por violencia de género y una medida cautelar por pago de honorarios. Tan irregulares son esos dictámenes que los jueces que los perpetraron fueron suspendidos y están siendo investigados por la Fiscalía, mientras salen a la luz las relaciones del alcalde removido con influyentes funcionarios del Consejo de la Judicatura. En fin: todo aquí es una farsa monumental.

Ante semejante simulacro, en lugar de posesionar al vicealcalde Santiago Guarderas, y emprender las acciones políticas necesarias para aislar a Yunda, los concejales de mayoría decidieron seguirle la corriente. El hecho demuestra hasta qué punto, en una democracia tan desinstitucionalizada como la ecuatoriana, la leguleyada se ha convertido en el horizonte de la política: aquello que hace posible que un contralor ejerza su cargo desde la cárcel, un alcalde o una prefecta acudan a su despacho con grillete de vigilancia electrónica en el tobillo o un procesado por corrupción se lance a competir por un escaño en la Asamblea. Como si todo esto fuera de lo más normal. La leguleyada, en el Ecuador, tiene más peso específico que la política. Al extremo de que una figura tan deleznable como la nueva procuradora municipal, Gabriela Obando, se permite amenazar con la destitución a los concejales electos por el pueblo si no asisten a las sesiones convocadas por el alcalde removido. Por la jeta. Y los concejales así amenazados (tan contundente es el peso de la leguleyada en la vida pública) se someten. Y asisten.

Todo esto tiene, como tantas otras cosas, un nombre eufemístico científicamente diseñado para conferir una pátina de normalidad a lo que no es sino una aberración política: “entramado jurídico”, lo llaman. Los abogados de tertulia radiofónica lo analizan sesudamente, como si fuera la cosa más seria del mundo, y los concejales toman sus recaudos. Porque al cabo de cualquier “entramado jurídico” que se respete se cierne, invariablemente, la posibilidad de un juicio.

Juicio penal, en este caso. Así lo ha advertido Yunda. ¿Se atreverán los concejales a desconocer una medida cautelar, por ilegal que sea, dictada por un juez, por destituido que esté, y exponerse así a una demanda penal por desacato? No, no se atreven. En su lugar, presentan un pedido para que se revoque la medida cautelar y hacen un llamamiento a los jueces para que lo absuelvan “con celeridad”. Así que las cosas están donde Yunda las quería: en manos del Tribunal Provincial, que lo resolverá este lunes, y donde todo podría enredarse aún más, o cuando menos demorarse, porque la jueza a cargo bien podría diferir la decisión hasta que el turno le corresponda a otro juez que bien podría decidir que hay que empezar todo de nuevo. Son las esclavitudes de los “entramados jurídicos” y no hay tutía.

“Vivimos en un estado de derecho que funciona para los vivísimos”, dijo la concejala Luz Elena Coloma el viernes en radio Democracia, resignada a esperar que los abogados resuelvan lo que tengan que resolver, si la medida cautelar tiene más peso jurídico que el fallo de la justicia electoral o lo que fuese. Acostumbrada también, como todo el mundo, a que los “entramados jurídicos” se muevan entre vacíos jurídicos que pueden conducir a ningún sitio. “Un Estado de derecho que funciona para los vivísimos”, dijo Coloma como si fuera una fatalidad, una condición de la democracia, un atributo insustituible del Derecho. Ante eso, ¿qué corresponde hacer a los políticos? Dos cosas, a juzgar por la estrategia del Concejo: evitar los juicios penales y contratar buenos abogados.

Mientras tanto Jorge Yunda, removido y todo, va ganando por goleada. Su procuradora (porque actúa como si fuera suya, no del Municipio) amenaza a los concejales con destituirlos si no van a las sesiones y los concejales van. Y él pregunta: “Si no fuese yo el alcalde ¿por qué acuden a esta sesión?”. Sus abogados los intimidan con la posibilidad de un juicio penal si desconocen la medida cautelar ilegítima y los concejales acatan. Provoca al vicealcalde Guarderas preguntándole qué clase de alcalde es, que ni siquiera va al despacho, como si esto tuviera que resolverse a puñetazos por una oficina. Pone a la ciudad en ascuas convocando al Concejo para elegir, cosa incomprensible, un nuevo vicealcalde, y luego retira la convocatoria. Y lanza una nueva, para el sábado, con el fin de tratar un tema de emergencia sanitaria: informe de la Secretaría de Salud sobre la variante delta de la COVID-19. Su capacidad de chantaje no conoce límites. Y a todo esto, llega el fin de semana. ¿Qué pueden hacer los concejales sino esperar al lunes, a que los jueces decidan por ellos? Entonces, ¿quién sino Yunda tiene la iniciativa en este enfrentamiento?

Sinuoso y resabiado, Jorge Yunda representa el triunfo del “entramado jurídico” sobre la política pública, del compadrazgo sobre la institucionalidad, del cargamontón rastrero sobre el debate ilustrado. La absoluta incompetencia del Concejo a la hora de enfrentarlo, aún después de haberlo removido, es el síntoma de debilidad de una democracia que no consigue creer en sí misma.

Dos jueces suspendidos

Este lunes 19 de julio, en la Corte Provincial de Pichincha, tendrá lugar una audiencia clave en el proceso de remoción de Jorge Yunda de la Alcaldía. La jueza Grimanesa Erazo, de la Corte Provincial de Pichincha, conocerá el pedido presentado por el vicealcalde Santiago Guarderas y un grupo de concejales para revocar la medida cautelar que dejó sin efecto la remoción. El juez que dictó esa medida cautelar, Carlos Soto, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura tras detectarse irregularidades en el proceso de sorteo de la causa. La misma suerte corrió la jueza María Belén Domínguez, que favoreció a Yunda con una acción de protección. Las oficinas de ambos, en el Complejo Judicial Norte y en Sur de la capital, respectivamente, fueron allanadas por la Fiscalía.