El alcalde de Quito pretende que el drama que él ha creado en la ciudad se reduzca al problema de su presunción de inocencia. En el caso de corrupción en el manejo de las pruebas para la COVID, dice él, y en el escándalo de los negocios de mi hijo Sebastián, yo, Jorge Yunda, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Verdad de Perogrullo: todo el mundo lo es. Pero sucede que no todo el mundo es alcalde de la capital de la República.

La presunción de inocencia se ha convertido en una suerte de patente de corso para los políticos corruptos. En este país hemos tenido asambleístas sentenciados por cohecho que continúan legislando (Viviana Bonilla); prefectos que, los lunes y los viernes de camino a su despacho, se presentan ante un juez para cumplir con las formalidades de la libertad bajo palabra (Carlos Luis Morales); otros que andan de arriba abajo con el grillete electrónico que les pusieron para que no se escapen (Paola Pabón)… Y alcaldes como Yunda, igualmente engrilletado y a mucha honra. Todos tienen algo en común: prevalidos de su presunta inocencia se aferran a sus cargos como garrapatas.

Hundido en el fango del descrédito, abrumado por una avalancha de pedidos de renuncia, Yunda opta por la reacción del sinvergüenza: entrar pateando al perro. “Se ha pretendido involucrar a mi hijo en actos de corrupción -escribió en tono admonitorio en el primer párrafo de una carta que dirigió a los quiteños-, debo recordar a la ciudadanía que constitucionalmente, todas las personas tenemos el derecho a la presunción de inocencia”. Bueno, tanto como todas, no. En el Municipio, por ejemplo, nomás él. Para el resto de involucrados en el caso del hijo incómodo, “aquellos funcionarios que -son sus palabras- desobedecieron mi instrucción de que ningún familiar mío pueda hablar en mi nombre”, para ellos habrá “Inmediata separación de sus cargos sin que eso signifique que se haya comprobado alguna irregularidad”. Es decir: se presume su inocencia pero están despedidos. A esto llama Yunda “decisiones firmes”: a prescribir para los demás aquello que no tiene el coraje de aplicárselo a sí mismo.

Este no es un problema de presunción de inocencia sino de confianza pública. El alcalde que lleva un grillete electrónico en el tobillo por su vinculación con un caso de corrupción en el manejo de las pruebas para la COVID, ¿es el que se va a encargar ahora de administrar las vacunas? El papá del hijo incómodo que hacía negocios con la Secretaría de Cultura, cobraba comisiones y hasta disponía de terrenos públicos según los chats de su propio teléfono, ¿es el que va a adjudicar contratos en las áreas más sensibles? Ninguna ciudad se merece esto. Jorge Yunda ha socavado la confianza institucional y ha generado dudas sobre la idoneidad del Municipio para emprender los retos que tiene por delante. Él, como cualquier persona que afronte cargos de corrupción, es inevitablemente una persona enredada en conflictos de intereses. Quizás inconfesables. ¿Se puede manejar una ciudad con semejante lastre? Por si fuera poco, Yunda ha sometido al Concejo Metropolitano a una tensión política intolerable. No se le hace esto a una ciudad en crisis.

Responsabilidad política, no penal. En el fondo lodoso de corrupción, tráfico de influencias y abuso de bienes públicos que lo salpica, Jorge Yunda será todo lo inocente que él quiera. Pero ha creado una crisis política y moral sin precedentes en la capital. No se le pide la renuncia por culpable. Se le pide la renuncia porque su Alcaldía es un desastre.

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